Fausto 
Tomado de X: El Solidario. El impacto de esta dominación conservadora es evidente en varios frentes.
La reciente elección de cargos de responsabilidad judicial en España evidencia un inquietante desequilibrio en el sistema. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de tendencia conservadora, ha obtenido el 52% de las plazas en juego, mientras que la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), que se autodefine como independiente, consiguió el 25%.
Este resultado refuerza la hegemonía de las corrientes conservadoras dentro del aparato judicial. Además, este fenómeno no es casual ni aislado. Responde a una estrategia meticulosa que busca consolidar un poder que trasciende los gobiernos de turno y asegura el control sobre decisiones clave.
La APM ha utilizado su influencia no solo para ocupar puestos, sino para modelar la interpretación de las leyes y limitar avances sociales impulsados por fuerzas progresistas. Esto se traduce en una constante tensión entre la voluntad democrática y el poder judicial, donde jueces no electos terminan condicionando políticas públicas y derechos fundamentales.
Equilibrio judicial en peligro
El impacto de esta dominación conservadora es evidente en varios frentes. Sentencias controvertidas en temas como la memoria histórica, el derecho al aborto o la protección de derechos laborales han sido moldeadas por magistrados alineados con esta visión.
Mientras tanto, iniciativas progresistas impulsadas desde el poder legislativo se encuentran con muros judiciales que obstaculizan su implementación o las vacían de contenido.
Frente a este escenario, surgen interrogantes sobre la independencia real del poder judicial y su papel en una democracia robusta. ¿Cómo garantizar que las decisiones judiciales respondan al interés general y no a agendas particulares?
La solución pasa por reformas estructurales que promuevan una representación más equilibrada y transparente en los órganos de gobierno judicial, así como una revisión de los mecanismos de elección para evitar la perpetuación de élites judiciales.
En última instancia, el control conservador del aparato judicial no solo desafía el equilibrio de poderes, sino que erosiona la confianza pública en la justicia. Si España aspira a consolidar una democracia inclusiva y plural, es imprescindible un debate abierto sobre el papel del poder judicial y su alineación con los valores democráticos.
¿Crees que esta elección garantiza el equilibrio judicial? Te leemos en los comentarios.
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