
Archivo/El Solidario. Dani Alves
La reciente absolución del futbolista Dani Alves por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha generado un profundo malestar en la sociedad, especialmente entre colectivos feministas y defensores de los derechos de las mujeres. El tribunal revocó la condena previa de cuatro años y medio de prisión por agresión sexual, argumentando que el testimonio de la denunciante carecía de fiabilidad debido a inconsistencias y contradicciones con las pruebas presentada.
Este fallo ha sido interpretado por muchos como un retroceso en la lucha contra la violencia sexual y una victimización secundaria para las mujeres que se atreven a denunciar. La abogada de la denunciante, Ester García, ha anunciado su intención de recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo, buscando que se haga justicia y se reconozca la credibilidad de las víctimas.
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Diversas figuras públicas y organizaciones feministas han expresado su preocupación por el impacto que esta absolución puede tener en futuras denuncias. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha enfatizado la necesidad de que las mujeres confíen en que su palabra será creíble y protegida por la ley, instando a no cuestionar continuamente sus testimonios.
Un mensaje de revictimización
Además, expertos en violencia sexual critican que la sentencia se centre en aspectos como el comportamiento previo de la víctima, estableciendo estereotipos sobre cómo debe actuar una mujer para ser creíble. Esta perspectiva ignora los mecanismos del trauma y las diversas formas en que las víctimas reaccionan ante una agresión.
La credibilidad de las mujeres que denuncian agresiones sexuales no debe estar sujeta a juicios sobre su comportamiento previo o a estereotipos de género. Es fundamental que el sistema judicial garantice procesos justos y sensibles al género, que protejan a las víctimas y fomenten la confianza en las instituciones.
De lo contrario, se corre el riesgo de enviar el mensaje de que denunciar no vale la pena, perpetuando la impunidad y la cultura de la violación.
Es absolutamente necesario que se reexaminen los procesos judiciales en casos de violencia sexual, asegurando que se priorice la protección y el apoyo a las víctimas, y que se erradiquen prácticas que contribuyan a su revictimización. Solo así se avanzará hacia una sociedad más justa e igualitaria, donde las mujeres puedan denunciar sin temor a ser descreídas o culpabilizadas.
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