Fausto 
Ilustración: El Solidario. Durante los primeros meses de la pandemia, más de 7.000 ancianos murieron en las residencias de la Comunidad de Madrid sin recibir atención hospitalaria.
La Fiscalía ha abierto una investigación sobre la gestión de la Comunidad de Madrid durante la pandemia, tras las denuncias de 17 familias que vieron cómo sus mayores morían en residencias, sin asistencia médica y con hospitales vacíos a pocos metros.
La negligencia de las autoridades en aquellos días oscuros de 2020 no solo dejó miles de víctimas, sino que destapó un modelo de gestión que priorizó criterios económicos por encima del derecho a la vida.
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El caso de Jorge, quien recibió la noticia de la muerte de su padre mientras esperaba una videollamada con él, es solo uno de tantos que retratan el drama vivido. O el de Sandra quien fue testigo de cómo su abuela tenía un hospital vacío cruzando la calle, pero nunca fue trasladada; murió en la resiedencia geriátrica, vícitma del Covid y de una infame negligencia
El protocolo de la muerte
La causa: la aplicación de un protocolo de la Comunidad de Madrid que impedía el acceso a atención hospitalaria a miles de mayores en residencias. La indignación de las familias es comprensible: no fue un error, fue una decisión política.
Este escándalo tiene nombres y responsables. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se escuda en la falta de medios y en la crisis sanitaria global, pero la realidad es que hubo una instrucción clara para no trasladar a los mayores a los hospitales. Ahora, la Fiscalía ha decidido investigar a geriatras y altos cargos, en lo que podría ser el primer paso para hacer justicia.
Lo ocurrido en las residencias de Madrid no fue una simple consecuencia de la pandemia, sino el resultado de años de privatización y recortes en el sistema público. Las familias exigen justicia y verdad, pero el Gobierno de Ayuso responde con desprecio y negacionismo. ¿Cuánto tiempo más seguirán las víctimas esperando una respuesta real?
La dignidad de nuestros mayores no puede ser moneda de cambio en la política neoliberal del Partido Popular. La justicia tiene la oportunidad de sentar un precedente y demostrar que la vida debe estar siempre por encima de los intereses económicos. No olvidar es el primer paso para que esto no vuelva a repetirse.
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