El Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció, este jueves, que las trabajadoras del hogar deben tener el derecho de registrar su jornada laboral, una práctica común en otros sectores laborales.
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La Corte de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo, dictaminó sobre el caso de una trabajadora doméstica española despedida de manera improcedente. Los tribunales españoles ordenaron al empleador compensarla por vacaciones no disfrutadas y pagas extraordinarias.
El juez español rechazó la reclamación de una trabajadora por falta de pruebas sobre las horas trabajadas y el salario, ya que la normativa española exime a los hogares de llevar registros horarios. Sin embargo, el tribunal planteó dudas sobre la legalidad de esta exclusión y consultó al Tribunal de Justicia de la UE para determinar si es compatible con la legislación comunitaria, buscando aclarar si la normativa europea protege adecuadamente los derechos de las trabajadoras del hogar.
En su sentencia, la Corte recordó que España implementó la obligación de registro horario en 2019 tras una resolución europea que consideró el sistema anterior incompatible con la legislación comunitaria. Además, destacó que todas las autoridades nacionales, incluidos los tribunales, deben velar por el cumplimiento de estas normativas para garantizar los derechos laborales según el marco europeo.
El tribunal argumenta que la exclusión vulnera el derecho a condiciones laborales dignas y contraviene las directivas europeas que buscan garantizar la igualdad y la protección de los derechos laborales. La sentencia supone un paso hacia la equiparación de las trabajadoras del hogar con otros sectores, fomentando mayor control sobre las horas trabajadas y los derechos relacionados, como el descanso y las horas extras.
Queda mucho por hacer
Actualmente, en España, las empleadas del hogar han luchado durante años por un reconocimiento laboral pleno. Aunque se han logrado avances, como su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social, todavía enfrentan barreras, incluyendo la falta de registro horario que facilita abusos y jornadas excesivas sin remuneración adecuada.
Este caso no solo presiona al gobierno de Sánchez para implementar cambios en su normativa, sino que también envía un mensaje contundente sobre la necesidad de proteger a los colectivos más vulnerables del mercado laboral. Sin embargo, su implementación podría enfrentar resistencias y desafíos logísticos, especialmente en un sector compuesto principalmente por pequeñas empleadoras domésticas.
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