Inquilinos de viviendas protegidas de La Caixa declaran huelga de alquileres para defender sus hogares
Fausto 
El Solidario. España atraviesa una de las crisis de vivienda más graves.
El Sindicat de Llogateres anunció el inicio de una huelga de alquileres en varias localidades de Catalunya para protestar contra la especulación inmobiliaria y en defensa del derecho a una vivienda digna.
Los inquilinos de las viviendas protegidas de La Caixa en municipios como Salou, Sitges, Sentmenat, Banyoles y Vilanova i la Geltrú han decidido no pagar sus rentas como medida de presión ante las prácticas abusivas de la entidad bancaria.
MUY IMPORTANTE
Una lucha contra la especulación y los abusos inmobiliarios
La protesta responde a la creciente precarización del acceso a la vivienda en España, donde la especulación y el control del mercado por grandes tenedores han convertido el derecho a un hogar en un privilegio inalcanzable para miles de familias.
En el caso de estas viviendas protegidas, los inquilinos denuncian que La Caixa ha incumplido su función social, subiendo los alquileres y poniendo en riesgo la estabilidad de cientos de personas que confiaban en una vivienda asequible.
El Sindicat de Llogateres ha denunciado que estas viviendas fueron originalmente concebidas para garantizar el acceso a una vivienda digna, pero La Caixa ha priorizado la rentabilidad sobre el bienestar social.
En este sentido, los inquilinos exigen la renovación de contratos en condiciones justas y la aplicación de límites al incremento de las rentas, en línea con la legislación sobre alquileres.
Una crisis habitacional que se agrava
España enfrenta una de sus peores crisis de vivienda en décadas, con precios del alquiler disparados, sueldos congelados y cada vez menos opciones para los sectores más vulnerables.
Mientras tanto, las grandes entidades financieras, con el aval de políticas neoliberales, siguen aumentando los precios y desahuciando familias sin ofrecer alternativas habitacionales.
El movimiento de huelga de alquileres podría marcar un precedente en la lucha contra los abusos del mercado inmobiliario. La exigencia es clara: una política de vivienda justa y accesible que no dependa de los intereses de los grandes propietarios.
Mientras el Gobierno sigue sin aplicar soluciones estructurales, los inquilinos organizados están demostrando que la lucha por la vivienda es más urgente que nunca.
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