
Inmigrante trabajando
Desde 2020, un total de 211 migrantes han conseguido la autorización definitiva de residencia y trabajo en España gracias a su colaboración con las autoridades para combatir redes criminales.
Los beneficiarios de estas autorizaciones han ayudado activamente como víctimas o testigos en investigaciones contra criminales organizados, contribuyendo a desmantelar estas redes.
Este tipo de excepciones se encuentran dentro de un marco legal diseñado para proteger a aquellos que, debido a su situación de vulnerabilidad, se ven obligados a colaborar con la justicia.
Esta medida se enmarca en el artículo 59.1 de la Ley Orgánica 4/2000, que permite que los migrantes en situación irregular obtengan residencia si cooperan en la denuncia de delitos graves como el tráfico de seres humanos, la inmigración ilegal, y la explotación laboral o sexual.
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Datos proporcionados por petición de VOX
La información fue proporcionada por el Gobierno en respuesta a una solicitud del partido Vox, que cuestionaba el número de inmigrantes que han evadido la expulsión gracias a esta normativa.
Asimismo, el Grupo Parlamentario de extrema derecha también ha preguntado por el número de expulsiones ejecutadas desde 2019.
En este sentido, el Gobierno ha asegurado que fueron tramitadas 4.677 órdenes en 2019, una cifra que cayó a los 2.000 casos en 2020 y 2021, para repuntar hasta marcar 3.031 expulsiones en 2024.
No obstante, el Gobierno precisa a VOX que son personas que se encuentran en situación administrativa irregular y que en el ordenamiento legal español «no existe la figura de persona ilegal».
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