La Justicia ha confirmado la condena de dos años de prisión para Ignacio Allende Fernández, conocido como ‘Torbe’, por grabar y difundir pornografía infantil.
Este caso ha generado una gran indignación debido a la vulneración de los derechos de los menores y la negociación con la Fiscalía que permitirá a Torbe evitar la cárcel.
Un historial de delitos contra los menores
Torbe, productor de contenido para adultos, ya había sido condenado en 2016 por corrupción de menores, lo que lo llevó a pasar siete meses en prisión preventiva.
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En esta ocasión, la Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado la sentencia de dos años de prisión por grabar y difundir material pornográfico con menores de edad, así como por poseer dicho material en su ordenador personal.
A pesar de la gravedad de los delitos, Torbe ha logrado negociar con la Fiscalía para evitar su ingreso en prisión. Este indignante acuerdo incluye una multa de 65.000 euros y la prohibición de trabajar con menores durante seis años.
La defensa de Torbe ha argumentado que el acusado ha reconocido los hechos y ha reparado el daño, lo que ha llevado a la Fiscalía a rebajar la pena inicial de siete años y siete meses a solo dos años.
¿Y dónde quedan los derechos de nuestros niños?
Este caso pone de manifiesto la vulneración de los derechos de los menores, quienes han sido explotados y expuestos a situaciones traumáticas.
La difusión de material pornográfico infantil no solo es un delito grave, sino que también perpetúa el abuso y la explotación de los menores involucrados.
La decisión de permitir que Torbe evite la cárcel ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos y defensores de la infancia, quienes consideran que la justicia no ha sido servida adecuadamente.
La noticia ha generado una ola de críticas y reacciones en contra de la decisión judicial. Muchos consideran que la pena impuesta es insuficiente y que permite a Torbe eludir las consecuencias de sus acciones. La falta de una condena efectiva envía un mensaje preocupante sobre la impunidad en casos de explotación infantil.
¡No a los acuerdos judiciales con abusadores de menores!
La condena de dos años para Torbe por pornografía infantil y la negociación que le permitirá evitar la cárcel son un claro ejemplo de la injusticia que prevalece en casos de explotación de menores.
Es fundamental que la justicia actúe con firmeza para proteger los derechos de los menores y garantizar que los responsables de estos delitos enfrenten las consecuencias adecuadas.
La sociedad debe exigir una mayor transparencia y rigor en la aplicación de la ley para evitar que casos como este se repitan.
FUENTES: El Diario: MSN: Catalunya Press: RTVE