En un acto que ha generado una ola de indignación, un juez en Canarias ha enviado a dos menores migrantes a una de las cárceles más peligrosas del archipiélago, ignorando sus partidas de nacimiento que acreditaban su minoría de edad.
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Este caso pone de manifiesto las graves fallas en el sistema de protección de menores migrantes y la urgente necesidad de reformas.
Ibrahim, de 15 años, y Jamala, de 14, llegaron a Lanzarote en un cayuco tras huir de la violencia y la pobreza en sus países de origen. Ambos fueron rescatados por Salvamento Marítimo y trasladados inicialmente a un centro de acogida.
Sin embargo, su situación dio un giro drástico cuando dos testigos protegidos los acusaron de ser los patrones de la embarcación, lo que llevó al juez a investigarlos por un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
A pesar de presentar sus partidas de nacimiento y solicitar pruebas médicas para confirmar su edad, el juez decidió enviarlos a la prisión de Las Palmas I, conocida como la prisión del Salto del Negro, una de las más peligrosas de Canarias.
La abogada de los menores, Cristina López, ha denunciado que «el juez ignoró deliberadamente las pruebas y optó por una medida extrema que pone en riesgo la vida de estos niños».
El derecho internacional establece que, en caso de duda, debe primar la presunción de la minoría de edad. Sin embargo, en este caso, el juez optó por una interpretación restrictiva y punitiva, enviando a los menores a una cárcel con adultos condenados por delitos graves.
Las implicaciones de este caso son profundas y alarmantes. No solo pone en evidencia las deficiencias del sistema judicial en la protección de menores migrantes, sino que también subraya la necesidad de una revisión urgente de los protocolos y procedimientos.
Es inaceptable que en pleno siglo XXI sigamos viendo estas violaciones de los derechos humanos. Estos niños necesitan protección, no castigo.
FUENTES Público .es: El Diario.es
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