Guantánamo: de prisión para terroristas a centro de detención de migrantes
Delismar González Tortolero 
Archivo el solidario dando voz a los que no la tienen/Voz de América
La administración de Donald Trump ha comenzado a deportar inmigrantes indocumentados al centro de detención militar en la Bahía de Guantánamo, Cuba.
Según informes, al menos dos vuelos con deportados han aterrizado en la base, incluyendo uno procedente de Fort Bliss, Texas, con aproximadamente una docena de personas a bordo.
Un memorando presidencial firmado por Trump ordena preparar Guantánamo para albergar hasta 30,000 deportados, en el marco de una estrategia que busca la deportación masiva de entre 15 y 20 millones de individuos, posiblemente con apoyo militar.
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Esta medida ha generado una fuerte condena por parte de organizaciones de derechos humanos y defensores del progresismo. Eleanor Acer, de Human Rights First, criticó la decisión, señalando que «demoniza a los inmigrantes y aviva el sentimiento antiinmigrante».
La base de Guantánamo, conocida como el «gulag de América», ha sido utilizada para detener a sospechosos de terrorismo sin juicio durante largos períodos, lo que plantea serias preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos en este nuevo contexto.
Además, la administración Trump ha ordenado al Departamento de Defensa y al Departamento de Seguridad Nacional que amplíen el centro de operaciones para migrantes en Guantánamo, con el objetivo de proporcionar espacio adicional de detención para inmigrantes ilegales considerados criminales.
Esta acción forma parte de una serie de políticas que buscan endurecer las medidas contra la inmigración ilegal, incluyendo la anulación del derecho de ciudadanía para nacidos en EE.UU. y la presión sobre los medios de comunicación.
Un ataque a los derechos humanos y la democracia
Estas acciones representan un asalto a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales. La utilización de instalaciones como Guantánamo para detener a inmigrantes indocumentados sin el debido proceso legal es una violación flagrante de las normas internacionales y una afrenta a la dignidad humana.
Es urgente que la comunidad internacional y las fuerzas progresistas dentro de Estados Unidos se unan para condenar estas políticas y trabajar hacia soluciones que respeten los derechos de todos los individuos, independientemente de su estatus migratorio.
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