Greenpeace desafía la censura en Madrid tras ser condenada por protestas contra un oleoducto
Fatima Makhoukh 
Archivo/ELSOLIDARIO. Greenpeace despliega una pancarta en Madrid tras ser condenada por protestas contra un oleoducto.
Activistas de Greenpeace han desplegado una pancarta de 66 metros cuadrados frente a la embajada de Estados Unidos en Madrid con el mensaje «We will not be silenced» («No nos callarán») en apoyo a Greenpeace USA y Greenpeace Internacional, condenadas recientemente a pagar 660 millones de dólares a la petrolera Energy Transfer por difamación relacionada con protestas contra el oleoducto Dakota Access.
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El caso se origina en las manifestaciones llevadas a cabo en 2016 contra el oleoducto Dakota Access, un proyecto que atravesaría territorios sagrados y fuentes de agua de la tribu sioux de Standing Rock. Estas protestas, lideradas por comunidades indígenas y apoyadas por organizaciones ambientalistas como Greenpeace, buscaban detener la construcción del oleoducto debido a sus potenciales impactos ambientales y culturales.
En respuesta a estas acciones, Energy Transfer presentó una demanda acusando a Greenpeace de difamación y otros cargos, alegando pérdidas económicas significativas debido a las protestas. El 19 de marzo de 2025, un jurado de Dakota del Norte falló a favor de la petrolera, imponiendo una multa de 660 millones de dólares a las organizaciones ambientalistas.
Greenpeace ha expresado su preocupación por las implicaciones de esta sentencia, considerándola un precedente peligroso para el derecho a la protesta y la libertad de expresión. La organización ha anunciado que Greenpeace USA recurrirá la decisión en Estados Unidos, mientras que Greenpeace Internacional ha iniciado acciones legales contra Energy Transfer en los Países Bajos, basándose en la Directiva anti-SLAPP de la Unión Europea.
Las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP) son utilizadas por corporaciones y entidades poderosas para intimidar y silenciar a activistas, periodistas y organizaciones mediante procesos judiciales prolongados y costosos. Estas tácticas representan una amenaza significativa para la sociedad civil y el ejercicio de derechos fundamentales.
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