Fiscalía solicita investigar al juez Peinado por prevaricación en la citación de Pedro Sánchez
Fausto 
Ilustración: La presunta comisión de un delito de prevaricación judicial por parte del juez Peinado se basa en el empeño de mantener ‘viva’ la instrucción judicial contra Begoña Gómez, esposa del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.
La Fiscalía de Madrid ha solicitado la apertura de una investigación contra el juez Juan Carlos Peinado por presunta prevaricación en la citación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como testigo en un caso que involucra a su esposa, Begoña Gómez.
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Contexto y argumentos de la Fiscalía
El juez Peinado citó a Pedro Sánchez a declarar el pasado 30 de julio en el marco de una investigación sobre presuntas irregularidades en contratos adjudicados a empresas vinculadas a Begoña Gómez.
Sin embargo, la Abogacía del Estado presentó una querella contra el magistrado, argumentando que la citación carecía de fundamentación jurídica y era arbitraria.
Además, la Fiscalía ha respaldado la querella de la Abogacía del Estado, señalando que “no se puede descartar a priori” que los hechos descritos revistan naturaleza penal.
En su escrito dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el Ministerio Público ha solicitado la admisión a trámite de la querella, argumentando que la resolución del juez Peinado podría calificarse como arbitraria e injusta.
Como era de esperarse, este caso ha generado una intensa polémica en el ámbito político. Desde el Gobierno, se ha defendido la actuación de Pedro Sánchez y se ha criticado la actuación del juez Peinado como un intento de desestabilizar al Ejecutivo.
Por su parte, sectores de la oposición han acusado al Gobierno de intentar influir en el poder judicial.
Importancia de la independencia judicial
Este caso pone de manifiesto la importancia de la independencia judicial y la necesidad de garantizar que las actuaciones de los magistrados se ajusten a la legalidad y no estén motivadas por intereses políticos.
Cabe destacar que la prevaricación es un delito grave que socava la confianza en el sistema judicial y en el Estado de derecho.
Este caso seguirá siendo objeto de atención mediática y política en los próximos meses, y su desenlace tendrá importantes implicaciones para la relación entre el poder judicial y el ejecutivo en España.
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