Fausto 
El Solidario/La presión de Europa pone en jaque a un modelo que, lejos de proteger al trabajador, incentiva la precariedad y la temporalidad.
El Consejo de Europa ha vuelto a poner en evidencia la precariedad laboral en España: el actual sistema de indemnización por despido improcedente viola la Carta Social Europea, porque ni repara el daño causado a los trabajadores ni disuade a las empresas de despedir injustificadamente.
Esta advertencia no es nueva, pero el Gobierno sigue sin abordar un problema que afecta directamente a la estabilidad y dignidad de la clase trabajadora.
España mantiene un modelo de indemnización que, en la práctica, abarata el despido y deja a miles de trabajadores en una situación de indefensión. Actualmente, la compensación económica es insuficiente para cubrir la pérdida de ingresos y las dificultades de reincorporación al mercado laboral.
No es casualidad que UGT y CCOO lleven años denunciando que las reformas laborales han facilitado que las empresas despidan sin consecuencias reales.
La presión de Europa pone en jaque a un modelo que, lejos de proteger al trabajador, incentiva la precariedad y la temporalidad. La comparación con otros países europeos es demoledora: en muchos Estados miembros, las indemnizaciones son proporcionales al daño causado y buscan prevenir despidos arbitrarios. En España, sin embargo, sigue primando la flexibilidad empresarial por encima de los derechos laborales.
El Gobierno de coalición, con una vicepresidencia que se autodenomina progresista, tiene en su mano corregir esta anomalía, pero hasta ahora solo ha realizado ajustes superficiales.
No basta con promesas de diálogo social o con medidas cosméticas. Es necesario un cambio estructural que garantice que los trabajadores despedidos reciban una indemnización justa, acorde al daño sufrido y que realmente haga reflexionar a las empresas antes de prescindir de sus empleados.
La presión de Europa debe traducirse en acción. España no puede seguir liderando los rankings de precariedad laboral mientras el Gobierno mira hacia otro lado. La reforma es urgente, no solo para cumplir con los estándares europeos, sino para devolverle a la clase trabajadora el respeto y la seguridad que el mercado laboral le ha arrebatado.
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