Estudiantes de la Complutense alzan la voz contra el reconocimiento inmerecido para Ayuso en medio de la asfixia universitaria
Fausto 
EFE/El Solidario. Isabel Díaz Ayuso recibe reconocimiento en la Complutense.
El reciente nombramiento de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, como Académica de Honor por la Academia Médico-Quirúrgica Española, encendió la indignación en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Estudiantes irrumpieron en el acto para denunciar la infrafinanciación crónica que sufren las universidades públicas madrileñas bajo su mandato.
La protesta no surge en el vacío. La Comunidad de Madrid es la región que menos invierte en universidad pública en todo el Estado, destinando solo el 13,9% del PIB per cápita, frente al 27,8% de media nacional. Esta infrafinanciación se traduce en déficits presupuestarios que afectan la calidad educativa y las condiciones laborales de docentes y personal administrativo.
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Reconocimientos en medios de recortes presupuestales
Además, los precios de matrícula en Madrid se encuentran entre los más elevados del país, lo que exige a las familias y al alumnado un mayor esfuerzo económico.
La situación se agrava con la reciente propuesta presupuestaria del Gobierno regional para 2025, que contempla un incremento de apenas el 0,9% en la financiación de las universidades públicas, muy por debajo del 18% solicitado por los rectores para garantizar un funcionamiento adecuado.
Este reconocimiento a Ayuso se suma a una serie de distinciones controvertidas. En enero de 2023, fue nombrada Alumna Ilustre de la UCM, lo que también generó protestas debido a las políticas de su gobierno que muchos consideran perjudiciales para la educación pública.
La comunidad universitaria percibe estas distinciones como intentos de blanquear una gestión que, en la práctica, ha debilitado la educación superior pública en Madrid. La infrafinanciación, el incremento de tasas y la precarización laboral son realidades que contrastan con los honores otorgados a la presidenta regional.
Las instituciones académicas deben mantener su independencia y no convertirse en herramientas de legitimación para políticas que las perjudican. La educación pública es un pilar esencial para una sociedad equitativa y democrática, y su defensa debe ser una prioridad para todos.
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