
Archivo: El Solidario
Durante décadas, miles de pueblos en España han perdido habitantes sin que desde las instituciones se activara una respuesta estructural. Hoy, más del 74% del territorio nacional está habitado por solo el 12% de la población, un dato que evidencia una despoblación crónica y un modelo de país que ha priorizado las grandes urbes y abandonado el mundo rural.
La desigualdad territorial no es nueva, pero se ha agravado desde los años 60. Según datos oficiales, más de 6.000 municipios han visto reducirse su población en 5,3 millones de personas. La falta de oportunidades laborales, el colapso del transporte público, la carencia de servicios sanitarios y educativos, y el desinterés institucional, han condenado a la llamada España vaciada a una lenta extinción.
Mientras se lanzan campañas sobre emprendimiento rural, la realidad es que no hay voluntad política real ni inversión suficiente para garantizar derechos básicos en estas zonas. El acceso a internet de calidad, el transporte digno o una atención sanitaria continua siguen siendo lujos para muchas personas que viven a solo unas horas de la capital. Se anuncian medidas, pero se materializa poco.
Además, la baja natalidad y el envejecimiento avanzan sin políticas eficaces que frenen la hemorragia. Lo más sangrante es que, pese a la evidencia, la despoblación no es aún tratada como una emergencia nacional, cuando lo es: se está desmantelando el país desde dentro.
Revertir este abandono exige redistribuir recursos, garantizar derechos, reforzar los servicios públicos y poner en el centro a quienes cuidan la tierra, alimentan al país y resisten en el olvido. Porque una democracia sin equidad territorial no es democracia.
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