España expulsó 3.031 extranjeros en 2024 y tramitó más de 10.700 expedientes en 4 años
Fatima Makhoukh 
Archivo/ELSOLIDARIO. Expulsiones de extranjeros .
En 2024, España expulsó a 3.031 extranjeros, alcanzando un total de más de 10.700 expedientes tramitados en los últimos cuatro años, según datos del Ministerio del Interior. Este aumento refleja un incremento del 50% en comparación con 2021, con más de 2.600 expulsiones en 2022 y 2023. Las razones varían desde delitos graves hasta cuestiones de seguridad nacional, lo que ha generado preocupación sobre el enfoque de las políticas migratorias.
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El procedimiento de expulsión está basado en la Ley de Extranjería y afecta a migrantes con antecedentes penales o en situación irregular. Las estadísticas excluyen casos de devoluciones por interceptaciones fronterizas, como las que ocurren en Ceuta y Melilla, pero incluyen sanciones relacionadas con amenazas a la seguridad del país.
En una respuesta parlamentaria de marzo de 2023, el Gobierno detalló que, en la última década, el 90% de las 101 expulsiones realizadas bajo el artículo 54.1 de la Ley Orgánica 4/2000 se debieron a «actividades contra la seguridad nacional». De esas expulsiones, dos fueron motivadas por infracciones graves de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, conocida como la ‘ley mordaza’, que regula conductas consideradas una amenaza para el orden público.
Sin contar devoluciones de migrantes
Las expulsiones de extranjeros pueden realizarse por diversas razones, según la legislación de extranjería. Esto incluye casos como las devoluciones a los países de origen tras interceptaciones en frontera (como las vallas de Ceuta y Melilla) o cuando se detecta que una persona trató de regresar a España después de haber sido expulsada previamente. Sin embargo, estas no incluyen los casos de expulsiones que se tramitan por actividades que atentan contra la seguridad nacional.
Según fuentes del Ministerio del Interior consultadas por Europa Press, los 3.031 expedientes de expulsión de 2024 se refieren únicamente a procedimientos por motivos de seguridad nacional. Este dato no incluye las devoluciones de migrantes en situación irregular, como las interceptaciones en las fronteras de Ceuta y Melilla.
Los procedimientos de expulsión son gestionados por la Policía Nacional, que tiene competencias exclusivas en esta área. Sin embargo, Junts, el partido de Carles Puigdemont, exige que Cataluña tenga autoridad para decidir sobre estos trámites, incluyendo que los Mossos d’Esquadra se encarguen del control de las fronteras. Esto forma parte de su propuesta de una cesión integral de la política migratoria a la comunidad autónoma.
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