
El Gobierno español ha aprobado una reforma laboral que reduce la jornada laboral a 37,5 horas semanales
El Gobierno español ha aprobado una reforma laboral que reduce la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin afectar los salarios y establece el derecho a la desconexión digital como irrenunciable. Esta medida prohíbe a las empresas contactar a los trabajadores fuera del horario laboral, salvo en circunstancias excepcionales, y contempla sanciones de hasta 10.000 euros por incumplimiento
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La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales beneficiará a aproximadamente 12,5 millones de trabajadores en España. Esta medida busca mejorar la conciliación entre la vida laboral y personal, y reducir el absentismo laboral .
El derecho a la desconexión digital, ahora reforzado, impide que las empresas contacten a los empleados fuera de su horario laboral. Este derecho es irrenunciable, lo que significa que no puede ser eliminado ni siquiera por acuerdo entre las partes .
Además, la ley establece que cualquier comunicación fuera del horario laboral podrá ser considerada como tiempo extra, lo que implica que los empleados podrán exigir una compensación por esas horas trabajadas de más .
Las empresas deberán implementar un registro horario digital accesible para empleados y entidades respectivas, con sanciones en caso de incumplimiento. El Ministerio de Trabajo obligará a las empresas a llevar un registro digital de las horas trabajadas por sus empleados. Además, se blindará el derecho a la desconexión digital, por lo que los trabajadores no deberán estar localizables ni recibir mensajes o llamadas fuera de su horario .
La implementación del derecho a la desconexión digital y la reducción de la jornada laboral representan un avance significativo en la protección de los derechos de los trabajadores en España. Estas medidas no solo buscan mejorar la calidad de vida de los empleados, sino también fomentar una cultura empresarial que valore el equilibrio entre la vida laboral y personal. Sin embargo, su éxito dependerá de la voluntad de las empresas para adaptarse a estos cambios y del compromiso de las autoridades para garantizar su cumplimiento.
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