Fausto 
Entre los espiados a través de las consultas en las bases de datos policiales se encuentran figuras destacadas como el entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias
La investigación muestra que la Policía Nacional interceptó comunicaciones y monitoreó las actividades de dirigentes de izquierda.
Un reciente informe ha revelado que la Policía Nacional espió a más de 50 diputados de las filas de PSOE y Podemos durante el mandato del Partido Popular (PP). Esta operación, ejecutada entre 2011 y 2018, representa una grave violación de los derechos democráticos y ha desatado una ola de indignación y demandas de transparencia en toda España.
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Una red de espionaje en el Congreso
La investigación, que ha salido a la luz gracias a la labor de periodistas de investigación y denuncias internas, muestra que la Policía Nacional interceptó comunicaciones y monitoreó las actividades de diputados de diferentes partidos políticos, en especial de izquierda.
Esta red de espionaje tenía como objetivo obtener información privilegiada y ejercer control sobre las decisiones legislativas.
Entre los espiados a través de las consultas en las bases de datos policiales se encuentran figuras destacadas como el entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias, su antiguo colaborador Iñigo Errejón, y la actual vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, quien en ese momento era diputada de Podemos.
También figuran el ex candidato de Compromís a la Generalitat Valenciana, Joan Baldoví, la actual líder de Podemos, Ione Belarra, y la candidata de la formación a las últimas elecciones europeas, Irene Montero.
Según la documentación adelantada por el periódico El País, estas consultas ilegales se realizaron desde diversas instancias policiales, incluyendo servicios centrales de la Policía, Jefaturas locales y agentes destinados en el Congreso.
Esther Sánchez, directora de Amnistía Internacional España, señaló: “Este escándalo de espionaje representa una grave amenaza para la democracia y los derechos humanos. Es fundamental que se investigue a fondo y se tomen medidas para evitar que algo así vuelva a ocurrir”.
«Es una afrenta a la democracia»: Pedro Sánchez
El actual gobierno ha exigido explicaciones inmediatas y ha ordenado una investigación exhaustiva. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, calificó el espionaje como “una afrenta a la democracia” y prometió “llegar hasta las últimas consecuencias”.
Por su parte, los partidos de oposición han solicitado una comisión parlamentaria para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades. Organizaciones de derechos humanos y defensores de la transparencia han condenado enérgicamente estas prácticas. Amnistía Internacional ha pedido una investigación independiente y la implementación de salvaguardias para proteger los derechos de los legisladores y garantizar la integridad del proceso democrático.
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