En el entramado de impunidad en torno a la pareja de Ayuso, la justicia está cercada por la política
Fausto 
Tomado de X: La Audiencia Provincial de Madrid avaló la investigación contra la pareja de Ayuso.
La Audiencia de Madrid decidió avalar la ampliación de la investigación contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por su relación con el grupo sanitario Quirón.
Con esta resolución, el tribunal desestima el recurso interpuesto por el empresario contra la decisión de la jueza de abrir una pieza separada en la causa por fraude fiscal, con el objetivo de analizar los trabajos que realizó para la empresa sanitaria.
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Este fallo judicial no solo pone en jaque la credibilidad del entorno de Ayuso, sino que también expone cómo las conexiones entre los dirigentes políticos y el poder judicial generan un manto de impunidad que desvirtúa las investigaciones.
El caso de González Amador es sólo la punta del iceberg de una trama que deja al descubierto la oscura connivencia entre los poderes político y empresarial en Madrid.
La vinculación del empresario con Quirón, un grupo que ha obtenido jugosos contratos públicos en la Comunidad de Madrid, plantea serias dudas sobre posibles conflictos de interés y tratos de favor.
La investigación apunta a que estas relaciones podrían haber beneficiado directamente tanto al entorno de Ayuso como a ciertas empresas del sector sanitario privado, un ámbito que la presidenta madrileña ha promovido en detrimento de la sanidad pública.
Desviar la investigación con bulos y desinformación
La estrategia política de Ayuso ha sido clara: presentarse como una víctima de una supuesta persecución judicial y mediática mientras desvía la atención con polémicas fabricadas y ataques a sus adversarios.
Sin embargo, los hechos son irrefutables: hay indicios sólidos de fraude fiscal y de una posible utilización de su cargo para favorecer a intereses privados.
En un ambiente político en el que la ultraderecha y la derecha tradicional buscan deslegitimar a la justicia cuando sus líderes son investigados, resulta fundamental que la ciudadanía exija transparencia y rendición de cuentas.
Este caso debe ser seguido de cerca, porque lo que está en juego no es solo el futuro de un empresario cercano al poder, sino la calidad democrática de un país en el que algunos parecen querer situarse por encima de la ley.
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