Fausto 
EFE/El Solidario: Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha comparecido ante la jueza para negar que el medio millón de euros recibido por una empresa sin actividad fuera un soborno encubierto.
Según su versión, el pago respondía al supuesto valor de una red de distribución. Pero el relato no convence del todo, ni en la calle ni entre quienes ven cómo la corrupción en los negocios y las tramas de favoritismo se entrelazan cada vez más con el poder político en Madrid.
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La operación en cuestión, la venta de una empresa sin apenas valor real a un directivo de Quirón Salud, conglomerado con múltiples adjudicaciones públicas en la Comunidad de Madrid, genera demasiadas suspicacias.
La defensa del acusado sostiene que no hubo administración desleal ni delito alguno, pero los hechos arrojan una sombra alargada sobre una administración donde la cercanía con el poder parece traducirse en beneficios económicos difíciles de justificar.
Lo que está en juego es una operación financiera de dudosa lógica comercial y la misma credibilidad del gobierno de Ayuso. Una vez más, el poder conservador madrileño se ve salpicado por escándalos donde los negocios privados orbitan alrededor del erario público como moscas sobre la fruta madura.
¿Puede una empresa sin empleados ni actividad justificar semejante precio? ¿Y por qué justo con un directivo de una compañía tan beneficiada por contratos públicos?
Mientras tanto, Ayuso sigue blindándose en su discurso de “persecución política”, pero el ruido es ya ensordecedor. Madrid no necesita más opacidad, sino transparencia. Y la ciudadanía tiene derecho a saber si el dinero público y los intereses privados se cruzan en pasillos oscuros mientras se desmantelan servicios esenciales.
Cuando el poder se acostumbra a no rendir cuentas, la corrupción no es una excepción: es el sistema.
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