Una joven de Alicante, identificada como Nis, denunció el embargo de su cuenta bancaria tras no pagar una factura de 267 euros por el rescate realizado durante su intento de suicidio en 2022. La situación ha reabierto el debate sobre la salud mental y el trato hacia personas vulnerables en España.
En marzo de 2023, Nis hizo público en redes sociales que había recibido una carta exigiéndole 211 euros por los servicios de bomberos activados tras su intento de suicidio. Este monto creció debido a intereses de demora.
Aunque el Ayuntamiento de Alicante prometió en su momento eximirla del pago, la joven denunció que recientemente su cuenta fue embargada, dejándola sin acceso a fondos básicos. El caso ha suscitado una oleada de apoyo ciudadano y reclamos hacia las políticas municipales.
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Con esta historia se hace un llamado urgente para que la salud mental sea prioridad social. Organismos locales y partidos políticos han señalado la importancia de reformar las normativas que penalizan económicamente a quienes enfrentan situaciones límite, considerando que tales sanciones pueden agravar la vulnerabilidad económica y emocional de las personas afectadas.
La consolidación de redes de apoyo para víctimas de conflictos o crisis personales podría mejorar significativamente el bienestar de las comunidades. Además, la implementación de políticas inclusivas podría reducir el estigma asociado al suicidio y fortalecer las iniciativas preventivas.
Con iniciativas legislativas en camino, como la revisión de ordenanzas locales en Alicante, se espera que este caso siente precedentes para tratar a las personas con mayor sensibilidad y compromiso con su recuperación y dignidad.
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