Fausto 
El Solidario. Booking ha eliminado más de 4.000 anuncios ilegales de pisos turísticos.
Por fin, una victoria ciudadana frente al descontrol del turismo especulativo. Booking ha eliminado más de 4.000 anuncios ilegales de pisos turísticos tras el requerimiento del Ministerio de Consumo. Esta medida se suma a la reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que respaldó por segunda vez la orden de retirar más de 65.000 anuncios ilegales en Airbnb, marcando un precedente que empieza a poner freno a la gentrificación desenfrenada.
La ofensiva impulsada por el Ministerio de Pablo Bustinduy no es un capricho, sino una respuesta a años de desregulación que han convertido los barrios en parques temáticos para turistas, desplazando a los vecinos, encareciendo el alquiler y debilitando el derecho constitucional a una vivienda digna. Estas plataformas digitales, bajo la apariencia de innovación, han fomentado un modelo urbano profundamente insostenible, basado en la mercantilización del espacio habitable.
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Los datos son contundentes: en ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga, la proliferación de viviendas turísticas ha reducido el parque de vivienda residencial, presionando al alza los precios y empujando a miles de familias trabajadoras fuera de sus barrios.
Las comunidades han denunciado durante años que estos pisos ilegales no solo incumplen las normativas urbanísticas, sino que generan problemas de convivencia, inseguridad y precariedad laboral.
La actuación del Ministerio de Consumo marca una dirección política valiente y absolutamente necesaria: defender el interés general frente a los abusos de las grandes plataformas tecnológicas. Y aunque aún queda mucho por hacer, las sanciones deben llegar, el control municipal debe reforzarse, lo ocurrido esta semana es un paso firme hacia un modelo urbano más justo y democrático.
La vivienda no es una mercancía ni un negocio para unos pocos. Es un derecho y un bien común. Y en esta batalla por recuperar las ciudades para quienes las habitan, el Estado tiene no solo el deber, sino la obligación de actuar. Porque sin justicia habitacional no hay justicia social.
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