Pilar 
EFE // El Solidario
El Tribunal Supremo ha dictaminado que los trabajadores interinos que han sufrido abusos de temporalidad no pueden convertirse automáticamente en funcionarios de carrera sin superar los procesos selectivos establecidos por la ley. Esta decisión reafirma la necesidad de cumplir con los principios constitucionales de mérito, capacidad e igualdad en el acceso a la función pública.
En dos sentencias recientes, el alto tribunal abordó los casos de una interina que prestó servicios durante más de 13 años en los Servicios Centrales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Castilla-La Mancha, y de un profesor de secundaria con más de 29 años en su puesto. Ambos solicitaban su nombramiento como funcionarios de carrera debido a la prolongada duración de sus contratos temporales. Sin embargo, el Supremo determinó que, aunque existió un abuso de temporalidad, la conversión automática en personal fijo sin superar un proceso selectivo vulneraría la Constitución española.
El tribunal enfatizó que, aunque los afectados tienen derecho a una indemnización por el abuso sufrido, la normativa española exige la superación de procesos selectivos basados en los principios de mérito, capacidad e igualdad para acceder a la condición de funcionario de carrera o personal fijo. Esta postura está en consonancia con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que reconoce la posibilidad de convertir a interinos en empleados indefinidos como medida sancionadora, siempre que no contravenga la legislación nacional.
Esta decisión del Supremo subraya la importancia de mantener procedimientos justos y equitativos en el acceso al empleo público, garantizando que todos los aspirantes compitan en igualdad de condiciones. Además, refuerza la necesidad de que las administraciones públicas adopten medidas efectivas para prevenir el abuso de la temporalidad y ofrecer soluciones adecuadas a quienes se encuentran en situaciones de precariedad laboral prolongada.
En un contexto donde la estabilidad laboral es esencial para el bienestar de los trabajadores y la eficiencia de los servicios públicos, es imperativo que las instituciones y los legisladores trabajen conjuntamente para diseñar mecanismos que combinen el respeto a los principios constitucionales con la protección de los derechos de los empleados temporales.
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