El Supremo ordena al gobierno hacerse cargo de mil menores migrantes solicitantes de asilo en 10 días
Fatima Makhoukh 
Archivo/ELSOLIDARIO. Varios servicios de emergencia atienden a migrantes recién rescatados de un cayuco.
El Tribunal Supremo de España ha ordenado al Gobierno central que, en un plazo de diez días, asuma la responsabilidad de más de mil menores migrantes no acompañados que han solicitado asilo y se encuentran actualmente bajo la tutela del sistema de protección de Canarias. Esta medida busca garantizar su acceso al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional, corrigiendo así la situación de hacinamiento en la que se encuentran estos jóvenes.
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La decisión del Supremo responde a una solicitud del Gobierno de Canarias, que ha visto desbordada su capacidad para atender a estos menores debido al aumento de llegadas en los últimos meses. Según datos oficiales, entre enero de 2023 y noviembre de 2024, 1.221 menores han solicitado o esperan solicitar asilo en la región.
El fallo subraya que, aunque las comunidades autónomas son responsables de los menores en situación de desamparo, aquellos que solicitan asilo deben ser atendidos por el sistema estatal, dada la competencia exclusiva del Estado en materia de derecho de asilo. Esta distinción es crucial para aliviar la sobrecarga que enfrentan los servicios de acogida en Canarias.
Además, la resolución destaca la necesidad de colaboración entre las administraciones estatal y autonómica para garantizar el interés superior del menor. El Tribunal ha indicado que, una vez transcurrido el plazo de diez días, evaluará las medidas adoptadas y decidirá sobre la celebración de una vista pública para confirmar el cumplimiento de esta medida cautelar.
Esta intervención del Supremo pone de manifiesto la urgencia de una respuesta coordinada y efectiva por parte del Gobierno central para atender a los menores migrantes no acompañados en Canarias. La situación actual refleja la necesidad de políticas migratorias más inclusivas y solidarias, que garanticen los derechos y el bienestar de los menores en situación de vulnerabilidad.
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