Fausto 
El Solidario. Este ataque no solo perjudicó a Podemos, sino también a la confianza ciudadana en las instituciones.
El escándalo de la guerra sucia contra Podemos vuelve a la palestra. La Policía Nacional se resiste a entregar al juez las investigaciones “secretas” que se realizaron contra el partido durante el Gobierno del Partido Popular, unas maniobras que se enmarcan en la estrategia de lawfare aplicada contra la formación morada en 2016.
Ahora, el juez Santiago Pedraz exige a la UDEF que justifique la supuesta confidencialidad de estas pesquisas, que, de ser irregulares, demostrarían la utilización de los cuerpos de seguridad del Estado con fines políticos.
Este episodio no es nuevo. Durante años, el Ministerio del Interior bajo el mando del PP utilizó recursos públicos para fabricar informes sin fundamento contra adversarios políticos. La llamada “policía patriótica”, liderada por altos mandos policiales afines a la derecha, trabajó activamente para desacreditar a Podemos, especialmente en un momento en que la formación amenazaba con desestabilizar el bipartidismo hegemónico en España.
El problema es que estos montajes no fueron casos aislados, sino parte de una estrategia sistemática de persecución. Se fabricaron informes falsos, se filtraron datos manipulados a la prensa afín y se promovió un discurso de criminalización de un partido democrático para frenar su crecimiento electoral. Todo ello con el silencio cómplice de una parte de los poderes del Estado y de los grandes medios de comunicación.
Que la Policía Nacional se niegue ahora a entregar esta documentación revela hasta qué punto siguen operando las viejas estructuras del deep state en España. La negativa a cooperar con la justicia no solo pone en entredicho la transparencia institucional, sino que refuerza la sospecha de que lo que se esconde tras estos documentos es más grave de lo que se ha admitido públicamente.
España no puede permitirse que la impunidad siga siendo la norma cuando hablamos del uso indebido de los recursos del Estado contra la oposición política. Es hora de que se depuren responsabilidades y se haga justicia. La democracia no puede coexistir con la sombra de la represión política disfrazada de legalidad.
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