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Tomado de ElPlural/El Solidario. Chalé del Juez Juan Carlos Peinado.
La polémica en torno al chalet “ilegal” del juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, sigue creciendo. El Partido Popular (PP) se ha visto obligado a abrir una investigación tras revelarse que la vivienda del magistrado, ubicada en una localidad de Ávila, fue construida sin licencia de obra, según confirmó el exalcalde del municipio a un medio de comunicación digital. Este escándalo pone en entredicho la imparcialidad y el respeto a la legalidad de una figura clave en la judicatura.
La vivienda, situada en suelo rústico, fue objeto de un expediente de paralización por parte del ayuntamiento, gobernado entonces por el PP, cuando se constató que las obras avanzaban sin la correspondiente autorización municipal.
Pasó por encima de la ley urbana
El exalcalde declaró que se actuó conforme a la ley y que el magistrado estaba al tanto de la irregularidad. A pesar de ello, las obras continuaron, generando preocupación sobre un posible trato de favor o negligencia institucional.
Este caso expone una contradicción evidente: mientras el juez Peinado supuestamente instruye casos donde la legalidad es el centro del debate, su propio proyecto inmobiliario carecía de los permisos exigidos. La falta de transparencia y la permisividad en este tipo de situaciones alimentan la desconfianza en las instituciones y en la igualdad ante la ley.
La investigación abierta por el PP busca esclarecer si hubo alguna responsabilidad administrativa y, además, si se ejercieron presiones políticas para ignorar las advertencias urbanísticas. Diversos colectivos progresistas han exigido que el caso no quede impune y que se apliquen las mismas reglas que se exigen a la ciudadanía.
Este escándalo recuerda que cuando quienes aplican la ley la transgreden, se erosiona la confianza en el sistema y se perpetúa la desigualdad social.
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