Fausto 
Moncloa/El Solidario. Fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
El procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración del correo de la pareja de Ayuso, marca un nuevo capítulo en el deterioro institucional que vive España.
El juez del Supremo, Juan Ramón Berdugo, ha dictado auto de procedimiento abreviado contra García Ortiz y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, acusándolos de actuar bajo supuestas “instrucciones de Moncloa”, sin una sola prueba contundente que sustente dicha afirmación.
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Lo que se está juzgando aquí no es una filtración, sino el uso legítimo del interés público para dar a conocer que Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, reconoció por escrito haber cometido fraude fiscal, aunque luego su defensa se retractara en los medios.
Se criminaliza al mensajero por revelar hechos verídicos, mientras se blanquea a quien defraudó al fisco y se criminaliza la función pública de la Fiscalía.
Es imposible obviar que esta decisión judicial aparece en plena escalada de presión política del PP contra las instituciones del Estado. Ayuso y su entorno llevan meses acusando al Gobierno de instrumentalizar la justicia, mientras su jefe de gabinete filtraba ilegalmente información a los medios para condicionar la opinión pública. El verdadero escándalo es que la justicia parece sumarse a esa campaña.
El procesamiento de García Ortiz, promovido sin pruebas claras y con un tono que sugiere motivaciones ideológicas, sienta un precedente gravísimo. Si se acepta que el fiscal general puede ser procesado por cumplir con su deber, incluso si molesta a los poderosos, entramos en una era de persecución institucional donde la justicia se convierte en una herramienta de venganza política.
Frente a esta deriva, debemos alzar la voz y defender una justicia independiente, valiente y al servicio de lo público. Lo contrario es abrir la puerta a un autoritarismo blando, donde los corruptos se pasean impunes y quienes los investigan son sentados en el banquillo.
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