RedUNE exige una ley contra el lavado de cerebro y las sectas, tras años de víctimas atrapadas en grupos coercitivos sin protección legal.
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En España, miles de personas sufren bajo el control de grupos coercitivos que manipulan sus vidas con total impunidad. Ayer, la ONG RedUNE entregó 300.000 firmas en el Congreso para exigir una ley que tipifique como delito la persuasión coercitiva. “Hay mucha gente a la que se debe sacar de ahí”, denuncia Juantxo Domínguez, presidente de RedUNE, refiriéndose a las víctimas atrapadas en sectas, entornos laborales abusivos o relaciones personales tóxicas.
El dolor oculto tras la manipulación
El poder que ejercen estos grupos sobre sus víctimas es devastador, desestabilizándolas emocionalmente hasta el punto de que muchas sienten un “miedo atroz” a denunciar. La manipulación mental no se limita al ámbito religioso, como algunos creen, sino que afecta diversas esferas, desde lo personal hasta lo profesional. RedUNE, que lleva años denunciando estos casos, advierte que sin legislación, las víctimas seguirán indefensas. “Si no se legisla, estas personas seguirán en el olvido”, afirma Domínguez, recordando que muchos de estos grupos actúan bajo el radar de la justicia.
La Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová ha sido especialmente activa en esta lucha, denunciando cómo estas agrupaciones manipulan a sus miembros, forzándolos al aislamiento social. «Rompen familias y destruyen vidas«, asegura Israel Flórez, portavoz de la asociación, al referirse al ostracismo al que son sometidas las víctimas al intentar salir.
La urgencia de una legislación protectora
A pesar del creciente número de denuncias y testimonios, la falta de una ley clara ha permitido que estos grupos sigan actuando. «El Tribunal Supremo ha dictaminado que se debe legislar para proteger a las víctimas de la manipulación mental», indica Domínguez. El vacío legal deja a las víctimas desamparadas, sin recursos para enfrentarse a estos grupos. Según RedUNE, una ley que tipifique este tipo de abuso sería una herramienta esencial para que las víctimas puedan llevar sus casos ante la justicia.
Noelia Bru, prima de Patricia Aguilar, una joven que logró escapar de una secta, insiste en la importancia de este cambio. «Una ley así no solo debe perseguir a los culpables, sino también ofrecer ayuda y recursos a las víctimas«, subraya. La urgencia de una legislación que proteja a las víctimas es innegable. Sin ella, el sufrimiento de miles de personas seguirá siendo ignorado.
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Fuente: 20minutos