
Archivo/ELSOLIDARIO.Reparto de menores migrantes .
El Gobierno de España ha aprobado una reforma de la Ley de Extranjería para establecer un mecanismo de reubicación de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas, tras alcanzar un acuerdo con Junts per Catalunya.
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Esta medida busca aliviar la presión en regiones como Canarias y Ceuta, que han experimentado una saturación en sus sistemas de acogida debido al elevado número de menores migrantes no acompañados. Según datos recientes, aproximadamente 4.400 menores se encuentran en estas regiones, superando la capacidad de los centros de acogida locales.
Este sistema de reparto busca una distribución equitativa y justa de los menores entre las distintas comunidades autónomas. Por ejemplo, se estima que la Comunidad de Madrid acogerá a más de 700 menores, mientras que Cataluña recibirá entre 20 y 30, debido a que ya ha realizado un esfuerzo significativo en la acogida de menores en el pasado.
Para apoyar a las comunidades en la implementación de este sistema de acogida, el Gobierno destinará un fondo de 100 millones de euros en 2025. Este fondo servirá para cubrir los costes adicionales derivados de la atención y cuidado de los menores migrantes no acompañados.
La reforma de la Ley de Extranjería establece que la redistribución de menores será obligatoria cuando una comunidad autónoma supere tres veces su capacidad de acogida ordinaria. Anteriormente, la redistribución era voluntaria, lo que provocaba una distribución desigual y sobrecarga en ciertas regiones.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha destacado que esta medida es un hito en la defensa de los derechos humanos y busca garantizar una atención adecuada a los menores migrantes no acompañados. Además, ha señalado que la reforma es una respuesta solidaria y equitativa a la situación actual, promoviendo la corresponsabilidad entre las comunidades autónomas.
La reforma de la Ley de Extranjería y el acuerdo con Junts per Catalunya representan un paso significativo hacia una gestión más equitativa y solidaria de la acogida de menores migrantes no acompañados en España. La implementación efectiva de esta medida dependerá de la colaboración y compromiso de todas las comunidades autónomas para garantizar el bienestar y la integración de estos menores en la sociedad.
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