Moreno Sanlés Alberto 
ABC/ElSolidario: Finalmente han acordado dar cumplimiento al fallo del Tribunal Supremo y el total de menores migrantes que serán reubicados es de 1.008
El pasado miércoles 26 de marzo, el ejecutivo de Canarias presentaba una medida cautelar a través de la cual, el Gobierno central disponía de un plazo de diez días para garantizar el acceso al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional a los 1.200 menores migrantes no acompañados que han solicitado asilo.
La reunión, que ha tenido lugar hoy en Canarias, contó con la participación del Ministro de Política Territorial y Administración Pública de España, Ángel Víctor Torres y del presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo. Además, otros ministerios implicados, como el de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego, y el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por Elma Saiz, estuvieron presentes de forma telemática.
El Gobierno central parte de que no dispone de las infraestructuras necesarias para acoger y atender a estos menores, por lo que sus opciones de maniobra son escasas. Reiteran que estos 1.200 menores se incluyen en el grupo de más de 4.000 que serán trasladados desde Canarias a otras comunidades autónomas bajo el nuevo decreto ley que modifica el artículo 35 de la Ley de Extranjería.
No obstante, el Gobierno de Canarias se mostró en desacuerdo con esta integración, defendiendo que los menores con solicitudes de asilo deben contar con un tratamiento diferenciado dentro del proceso de reubicación.
Finalmente han acordado dar cumplimiento al fallo del Tribunal Supremo y el total de menores migrantes que serán reubicados es de 1.008, asegurando que analizarán cada caso detenidamente.
Falta de datos claros sobre la capacidad de acogida
El proceso de redistribución de los menores migrantes en el territorio nacional se enfrenta a otro obstáculo: la disparidad de datos proporcionados por las comunidades autónomas. Algunas regiones han enviado únicamente el número total de menores acogidos en 2023, otras detallaron sus recursos disponibles y algunas, como Andalucía, no remitieron admiten no disponer de esa información.
Mientras tanto, algunas comunidades autónomas continúan manifestando su oposición al decreto que regula la reubicación de menores migrantes. La Comunidad Valenciana ha anunciado que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional, sumándose a Madrid en la impugnación de la norma.
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