El Gobierno español baraja la opción de etiquetar las «terapias de conversión» a personas LGTBI como delito
Silvia María Vicente Moya 
Imagen: infolibre.es. El Solidario. La Asociación Española contra las Terapias de Conversión denunció la semana pasado la realización de este tipo de terapias en varias diócesis.
El Gobierno español está evaluando la posibilidad de tipificar como delito las denominadas terapias de conversión dirigidas a personas LGTBI.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado que su departamento trabaja en un informe para modificar el Código Penal y prohibir estas prácticas, consideradas «absolutamente y radicalmente ilegales».
Las terapias de conversión son intervenciones que buscan cambiar la orientación sexual o identidad de género de una persona, partiendo de la premisa errónea de que ser homosexual o transgénero es una patología.
Estas prácticas, que carecen de base científica, pueden incluir desde asesoramiento psicológico hasta métodos más coercitivos, y se ha demostrado que provocan daños significativos, como ansiedad, depresión y tendencias suicidas.
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La Iglesia Católica promueve estas prácticas
La iniciativa del Gobierno surge tras denuncias de que algunas diócesis españolas estarían promoviendo estas terapias.
La ministra Redondo se ha reunido con el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, para expresar su rechazo a estas prácticas y enfatizar la necesidad de que la Iglesia se alinee con los valores constitucionales de igualdad.
La Iglesia Católica ha tenido una postura ambigua respecto a las terapias de conversión. Aunque el Vaticano instó en 2021 a no secundar ni recomendar estos tratamientos, algunas diócesis en España han sido señaladas por acoger charlas que promueven estas prácticas.
Argüello ha defendido estos talleres como una «conversión al Evangelio», lo que ha generado críticas por parte de colectivos LGTBI y defensores de derechos humanos.
Por una sociedad libre de elección y tolerante
Es imperativo reconocer que las terapias de conversión constituyen una violación flagrante de los derechos humanos y atentan contra la dignidad de las personas LGTBI.
Estas prácticas perpetúan la discriminación y fomentan un clima de intolerancia, vulnerando el derecho fundamental a la libre orientación sexual y a la identidad de género.
Es deber del Estado garantizar la protección de sus ciudadanos frente a cualquier forma de coerción o violencia, asegurando que cada individuo pueda vivir su identidad sin miedo a represalias o intentos de modificación forzada.
La posible reforma legal para prohibir las terapias de conversión en España representa un avance significativo hacia la igualdad y el respeto a la diversidad.
Al erradicar estas prácticas, se reafirma el compromiso del país con los derechos humanos y se envía un mensaje claro contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género.
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