El Gobierno canario deberá seguir ejecutando el protocolo de protección de la infancia, dictado por el Constitucional
Silvia María Vicente Moya 
Imagen: elpais.com. El Solidario. Un grupo de personas migrantes, entre ellos varios menores, es atendido por la Cruz Roja el pasado 7 de febrero en el puerto de Los Cristianos (Tenerife).
El Tribunal Constitucional ha anulado por unanimidad el protocolo del Gobierno de Canarias para la atención de menores migrantes no acompañados, argumentando que la comunidad autónoma no puede renunciar a sus competencias en esta materia.
La sentencia subraya que, aunque Canarias enfrenta dificultades para atender a estos menores, ello no justifica la renuncia a sus obligaciones.
El protocolo anulado impedía a las entidades colaboradoras recibir nuevos migrantes y solicitaba al Estado la implementación de un protocolo de actuación.
El Ejecutivo central había recurrido tanto el acuerdo del Gobierno canario como una resolución de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias, alegando vulneración de derechos fundamentales y competencia exclusiva del Estado en materia de extranjería.
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Qué implica esta decisión del Constitucional
Con esta decisión, el Gobierno canario está obligado a asumir plenamente sus competencias en la acogida y protección de menores extranjeros no acompañados.
Esto implica que deberá garantizar la atención inmediata, alojamiento y protección integral de estos menores, sin delegar estas responsabilidades al Estado.
Además, deberá coordinarse con otras comunidades autónomas y el Gobierno central para asegurar una distribución equitativa de los menores y los recursos necesarios para su atención.
La anulación del protocolo tiene un impacto significativo en la reforma de la atención a menores migrantes en las islas.
Actuaciones del Gobierno canario
El Gobierno canario deberá revisar y modificar sus políticas y procedimientos para alinearse con la sentencia del Tribunal Constitucional, asegurando que no se produzca una renuncia de competencias y que se garantice el respeto a los derechos fundamentales de los menores.
Esto podría implicar la creación de nuevos centros de acogida, la formación de personal especializado y la implementación de programas de integración social y educativa para los menores migrantes.
Protocolo de protección a la infancia
El protocolo de protección a la infancia en Canarias establece las pautas para la atención y protección de menores en situación de vulnerabilidad.
Incluye procedimientos para la detección, notificación y actuación ante posibles casos de desprotección o maltrato, así como directrices para la coordinación entre las distintas instituciones implicadas en la protección de la infancia.
Este protocolo busca garantizar el interés superior del menor y asegurar su bienestar y desarrollo integral.
Competencias exclusivas de las comunidades autónomas
La resolución del Tribunal Constitucional refuerza la doctrina sobre las competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de asistencia social y protección de menores.
Establece que la acogida inicial de menores extranjeros es competencia de la comunidad autónoma, en este caso, Canarias, que posee legislación de protección infantil.
La sentencia recuerda la «irrenunciabilidad e indisponibilidad» de estas competencias y refuerza la protección de los derechos de los menores extranjeros no acompañados.
Esta decisión subraya la importancia de que las comunidades autónomas asuman sus responsabilidades en la protección de los menores migrantes, garantizando su bienestar y respetando sus derechos fundamentales.
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