
El Consejo de Ministros ha aprobado una medida excepcional que permite a las administraciones públicas extender los plazos administrativos
El Consejo de Ministros ha aprobado una medida excepcional que permite a las administraciones públicas extender los plazos administrativos afectados por el apagón eléctrico del pasado 28 de abril hasta las 00:00 horas del 6 de mayo de 2025. Esta decisión busca asegurar que ciudadanos y empresas no vean comprometidos sus derechos en procedimientos como oposiciones, procesos selectivos, alegaciones y recursos.
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El pasado 28 de abril, una interrupción generalizada del suministro eléctrico afectó gravemente al funcionamiento de los servicios públicos y a los sistemas utilizados en la tramitación de procedimientos administrativos en toda España. Ante esta situación, el Gobierno ha autorizado a las administraciones públicas a extender los plazos afectados hasta el 6 de mayo de 2025.
La medida es de aplicación en todo el sector público, incluyendo la Administración General del Estado, las administraciones autonómicas, las entidades locales y el sector público institucional. Con esta iniciativa, se pretende garantizar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones por parte de las personas interesadas, evitando la caducidad indebida de procedimientos administrativos por la crisis energética sufrida.
En el caso de Andalucía, la Junta ha aprobado una ampliación de tres días hábiles para los procedimientos administrativos que vencieran los días 28 y 29 de abril, así como para aquellos con plazos contabilizados por días que incluyeran ambas jornadas. Esta ampliación afecta a todos los procedimientos tramitados por la Administración de la Junta de Andalucía, incluidos los de naturaleza tributaria.
La rápida respuesta del Gobierno ante el apagón eléctrico demuestra un compromiso con la protección de los derechos ciudadanos y la garantía de la seguridad jurídica. La ampliación de los plazos administrativos permite a los afectados disponer del tiempo necesario para cumplir con sus obligaciones y ejercer sus derechos sin perjuicio. Es fundamental que las administraciones continúen adaptándose a las circunstancias excepcionales para asegurar una gestión pública eficiente y equitativa
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