El exministro de economía Rodrigo Rato ha sido condenado por la Audiencia Nacional a cuatro años y nueve meses de prisión debido al origen ilícito de su fortuna.
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La Audiencia Nacional condenó al expolítico del partido popular (PP) Rodrigo Rato a una pena muy inferior a los 63 años solicitados por la Fiscalía Anticorrupción, que lo acusó de 11 delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción. Según la fiscal Elena Lorente, Rato gestionó un patrimonio oculto desde 1999 hasta 2015 mediante sociedades interconectadas, eludiendo 7,5 millones de euros en impuestos. La sentencia refleja un fraude masivo y destaca la sofisticación de las operaciones realizadas para evadir al fisco.
La investigación reveló Rato gestionaba un entramado financiero opaco mientras ejercía cargos públicos, como vicepresidente del gobierno y director del Fondo Monetario Internacional (FMI). Entre las irregularidades destacaron facturas falsas y una compleja red empresarial que eludía impuestos. En defensa, Rato alegó que los fondos tenían origen legítimo, sin embargo, las pruebas demostraron lo contrario.
El caso de Rodrigo Rato comenzó el 16 de abril de 2015, cuando el Servicio de Vigilancia Aduanera registró su casa y oficinas tras una alerta de la Oficina Antifraude sobre irregularidades en su patrimonio. Esto ocurrió un día después de conocerse que Rato estaba entre las 700 personas investigadas por el Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) tras una regularización fiscal.
La investigación expuso un complejo entramado de irregularidades financieras que culminaron en el proceso judicial contra el exministro y expresidente de Bankia.
Su círculo cercano absuelto de culpa fiscal
El tribunal ha condenado a Rodrigo Rato y a dos acusados más, dejando absueltos a su círculo de confianza. Entre los exonerados destacan Teresa Arellano, su secretaria durante décadas; José Manuel Fernández Norniella, colaborador cercano en su etapa en el gobierno y Bankia; y su excuñado, Santiago Alarcó. Con esta sentencia, se descarta la existencia de una trama organizada por su entorno para ocultar su fortuna al fisco español.
El tribunal condenó al abogado Domingo Plazas a 18 meses de prisión por su papel en la trama fiscal de Rato, y deberá indemnizar solidariamente a Hacienda. También se condenó a Alberto Portuondo, testaferro del exbanquero, a tres meses de cárcel por corrupción entre particulares, derivada de comisiones ilegales por contratos publicitarios de Bankia. Portuondo y Rato obtuvieron un total de 2.022.154,52 de euros por dichas operaciones. Ambos planean recurrir las sentencias.
Este fallo pone en evidencia la importancia de la transparencia en figuras públicas y la necesidad de reforzar controles fiscales para prevenir la corrupción. La condena marca un nuevo capítulo en el escrutinio de la corrupción en España, un fenómeno que erosiona la confianza en las instituciones.
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