Fausto 
EFE/EL SOLIDARIO. Aumenta el gasto militar en España.
Pedro Sánchez garantizó frente al Congreso que la subida del gasto en Defensa hasta el 2% del PIB no afectará al gasto social. Un mensaje tranquilizador a primera vista, pero que en realidad plantea dudas sobre la sostenibilidad de las políticas progresistas en un contexto de creciente militarización.
El aumento del presupuesto militar no es una decisión aislada. Forma parte del compromiso de España con la OTAN, que exige a sus miembros reforzar su gasto en seguridad.
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En medio de tensiones geopolíticas, con la guerra en Ucrania y la presión de Estados Unidos sobre sus aliados europeos, la Unión Europea se alinea con las exigencias de Washington, priorizando la inversión en armamento y tecnología militar. Pero, ¿a qué precio?
El Gobierno insiste en que el aumento del gasto en Defensa no afectará las partidas de sanidad, educación y prestaciones sociales. Sin embargo, la experiencia demuestra que, cuando se incrementa el presupuesto militar, tarde o temprano se generan tensiones en las cuentas públicas que acaban por traducirse en recortes o ajustes en otros sectores.
¿En España, las armas son prioridad?
El problema radica en la falta de un debate transparente sobre las prioridades del país. La seguridad nacional es un tema importante, pero en un Estado de bienestar debe ir acompañado de una garantía de protección social real.
No se trata solo de mantener el gasto social en términos nominales, sino de reforzarlo ante los retos económicos que enfrenta la ciudadanía: inflación, precariedad laboral y acceso a la vivienda.
Es preocupante que la izquierda institucional normalice sin cuestionamientos el incremento del gasto militar, cuando este responde más a una agenda internacional que a las necesidades reales de la población española.
Si la prioridad es proteger a la ciudadanía, el verdadero blindaje no está en los misiles y los tanques, sino en la inversión en derechos y servicios públicos.
Sánchez promete equilibrio, pero la historia reciente nos dice que cuando la balanza se inclina hacia la defensa, tarde o temprano el gasto social acaba pagando la factura.
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