Fausto 
El Solidario. Isabel Díaz Ayuso y Alberto González Amador.
La justicia vuelve a golpear la fachada mediática que Isabel Díaz Ayuso ha intentado blindar a toda costa. Los antecedentes del novio de Ayuso, investigado por presuntos delitos fiscales, han sido utilizados por el fiscal ante el juez Joaquín Hurtado como argumento clave, desmontando así el discurso de victimización construido por el entorno de la presidenta madrileña.
La estrategia de la defensa, centrada en denunciar una supuesta vulneración de la intimidad, se desmorona ante la evidencia de que la información ya era pública y conocida.
Este episodio judicial demuestra mucho más que una disputa legal. Estamos ante un caso que refleja los privilegios con los que operan ciertos sectores del poder cuando se ven cercados por la justicia. Ayuso ha tratado de desviar el foco con una narrativa de persecución política, pero los hechos son tozudos: su pareja mantiene vínculos con prácticas fiscales opacas, y su entorno ha pretendido taparlo apelando al escándalo institucional.
MUY INTERESANTE
El fiscal, con firmeza jurídica, ha dejado claro que no hay delito en informar sobre hechos relevantes para el interés público. Cuando la clase política se ve envuelta en investigaciones que afectan directamente a su gestión o su entorno cercano, la transparencia no es opcional. Es deber del periodismo y de la justicia sacar a la luz las posibles irregularidades, más aún cuando hablamos de quienes manejan recursos públicos.
Este caso es una radiografía más del deterioro ético de un modelo político sustentado en el populismo de la derecha y el uso personalista del poder. Ayuso no es una víctima, sino una figura política que debe rendir cuentas por las relaciones que mantiene y los beneficios que éstas pudieran haber acarreado.
En una democracia sana, el poder se fiscaliza, no se protege con discursos huecos ni se esconde tras cortinas de humo. Lo que está en juego es el principio de igualdad ante la ley.
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