Fausto 
Tomado de X: El Solidario. La Fiscalía alertó que la implementación del protocolo podría incurrir en desatención hacia los menores y constituir un delito de abandono.
El Tribunal Constitucional ha suspendido varios apartados del protocolo de atención a menores migrantes del Gobierno de Canarias, una medida que ha sido recibida con alivio por defensores de los derechos humanos y organizaciones de protección de la infancia.
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La decisión, tomada por unanimidad, responde a la impugnación presentada por el Gobierno central, que argumentó que el protocolo podría vulnerar derechos fundamentales y competencias autonómicas en materia de inmigración y asistencia a menores no acompañados.
El protocolo, aprobado por el Ejecutivo canario liderado por Fernando Clavijo (Coalición Canaria y PP), había sido previamente suspendido por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) tras las advertencias de la Fiscalía Superior de Canarias.
La Fiscalía alertó que la implementación del protocolo podría incurrir en desatención hacia los menores y constituir un delito de abandono.
La suspensión afecta a los apartados segundo, tercero y sexto del protocolo, que establecían requisitos adicionales no previstos en la normativa estatal para la recepción de menores extranjeros no acompañados.
Estos apartados, según el Gobierno central, podrían haber dejado a muchos niños y adolescentes en una situación de desamparo, sin la atención inmediata que necesitan al llegar a Canarias en pateras y cayucos.
Organizaciones de derechos humanos han celebrado la decisión del Constitucional, subrayando la importancia de garantizar una protección adecuada a los menores migrantes, quienes a menudo huyen de situaciones de extrema vulnerabilidad en sus países de origen.
“Es fundamental que las políticas de inmigración y protección de la infancia se alineen con los estándares internacionales de derechos humanos”, afirmó un portavoz de una ONG local.
El Gobierno de Canarias, por su parte, ha defendido su protocolo argumentando que buscaba mejorar la gestión de la llegada masiva de menores migrantes. Sin embargo, la suspensión del Constitucional pone de manifiesto la necesidad de revisar y adaptar estas medidas para asegurar que no se vulneren los derechos de los menores.
Esta decisión marca un precedente importante en la defensa de los derechos de los menores migrantes en España, subrayando la responsabilidad de las autoridades de proporcionar una atención integral y respetuosa de los derechos humanos a todos los niños y adolescentes que llegan al país en busca de un futuro mejor.
FUENTES: eldiario.es : Huffington Post : El Día
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