El Constitucional estudiará la expulsión de dos diputadas del Parlament balear
Moreno Sanlés Alberto 
Infobae/ElSolidario: En el recurso de amparo, las socialistas también denuncian la ruptura pública de la imagen de Aurora Picornell y de las hermanas Pascual
La polémica expulsión de las diputadas socialista, Mercedes Garrido y Pilar Costa, del Parlament balear el pasado 18 de junio, vuelve a ser cuestionada. La sala segunda del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo presentado por ambas diputadas.
La sesión, en la que se debatía la derogación de la ley de memoria democrática en las Islas Baleares, estuvo marcada por el acto simbólico de las diputadas, que exhibieron en sus escaños fotografías de las ‘Roges del Molinar’, mujeres republicanas asesinadas durante la represión franquista.
El presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne (Vox), ordenó la retirada de los retratos apelando a la neutralidad institucional de la Mesa. Tras la negativa de Garrido, el presidente arrancó la fotografía de su portátil y procedió a expulsar a ambas diputadas del hemiciclo.
Un registro del pasado
En el recurso de amparo, las socialistas también denuncian la ruptura pública de la imagen de Aurora Picornell y de las hermanas Pascual, así como la negativa reiterada del presidente a reconocer la vulneración de sus derechos fundamentales.
El Tribunal Constitucional considera que el recurso plantea un problema sobre un derecho fundamental que no ha sido objeto de doctrina previa y que podría tener implicaciones políticas más amplias. Por ello, ha solicitado al Parlament balear que, en un plazo de diez días, remita una copia del pleno en cuestión.
En paralelo, Gabriel Le Senne se enfrenta a un procedimiento judicial en el Juzgado de Instrucción número 1 de Palma, que en febrero dictó auto de apertura de juicio oral por un presunto delito de odio. El magistrado impuso al presidente del Parlament una fianza de 40.000 euros y elevó el caso a un juzgado penal.
Sin embargo, la Fiscalía ha solicitado el archivo del caso al no apreciar intención de lesionar o discriminar en la conducta de Le Senne.
Este conflicto institucional y jurídico pone de nuevo en el centro del debate la vigencia y el alcance de las políticas de memoria democrática, así como los límites a la libertad de expresión en las instituciones representativas.
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