
Archivo/ELSOLIDARIO. Vista del pasillo de acceso a un juzgado especializado de violencia de género.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha planteado que la experiencia previa en casos de violencia machista sea un criterio preferente para que jueces y magistrados accedan a los órganos judiciales especializados en esta materia. Esta propuesta, recogida en el Informe sobre el Anteproyecto de Ley de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, busca garantizar una mayor especialización y un enfoque con perspectiva de género en los juzgados que atienden a víctimas de violencia de género.
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Una propuesta que refuerza la especialización judicial
Actualmente, uno de los principales problemas en los juzgados de violencia sobre la mujer es la falta de formación específica en esta materia de algunos jueces que acceden a estos puestos. El CGPJ reconoce que el conocimiento profundo de la violencia de género es fundamental para asegurar una correcta aplicación de la ley y una atención adecuada a las víctimas.
La propuesta establece que contar con experiencia directa en la tramitación de procedimientos relacionados con violencia machista será un mérito preferente, por encima de otros criterios tradicionales como la antigüedad. Con esto, se busca asegurar que los magistrados que ocupen estos órganos cuenten con una sensibilidad y preparación específicas para abordar este fenómeno estructural de la sociedad.
La importancia de la perspectiva de género
Incorporar perspectiva de género en la Justicia es una demanda histórica de colectivos feministas y expertos en derechos humanos. La violencia machista no es solo un problema penal, sino una manifestación extrema de la desigualdad estructural entre hombres y mujeres. Un enfoque especializado permite comprender el contexto social de las víctimas y evitar decisiones judiciales sesgadas o revictimizantes.
Una medida clave para mejorar la atención a las víctimas
Con esta propuesta, el CGPJ reconoce la gravedad y la complejidad de la violencia machista, y apuesta por garantizar que quienes imparten justicia en estos casos cuenten con la formación y experiencia necesarias. Sin embargo, esta medida debe ir acompañada de más recursos, formación obligatoria en perspectiva de género para toda la carrera judicial y un compromiso político firme contra las violencias machistas.
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