
Archivo: El Solidario. Parque de viviendas públicas en Cádiz
Las palabras se quedan cortas para explicar la infinita injusticia que la avaricia y el mal hacer de los poderes públicos y privados, está ocasionando sobre uno de los derechos más fundamentales de nuestra existencia: Una vivienda digna.
Una madre enferma y sus dos hijos menores, han recibido una orden de desahucio de Procasa, entidad que gestiona el parque de viviendas públicas del Ayuntamiento de Cádiz. Además, la familia ha sido denunciada por lo penal por lo que no sólo se enfrentan a quedarse sin hogar, sino también a pagar una multa y en caso de no poder abonarla, a pena de cárcel.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Cádiz (Apdha) reclama al Ayuntamiento gaditano que suspenda de manera inmediata el desahucio.
Apdha considera que es una «contradicción fuera de toda lógica que, dentro del seno del propio ayuntamiento, un departamento interponga una denuncia por ocupación de vivienda pública y otro emita un informe que avala la vulnerabilidad de la familia de cara a suspender o retrasar el desahucio».
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Aplicación de la ley para hogares vulnerables
Estima el colectivo que si los servicios sociales municipales han dictaminado la existencia de vulnerabilidad en el caso de esta familia, formada por una madre con problemas de salud y con dos menores a cargo, parece evidente que el ayuntamiento debería acatar el Real Decreto-ley 1/2025 de 28 de enero, por el que se prorroga durante todo el 2025 la suspensión de los procedimientos de desahucio y de lanzamiento para hogares vulnerables sin alternativa habitacional.
En definitiva, el colectivo social que vela por los derechos humanos considera totalmente «injustificado» que el ayuntamiento proceda «a arrojar a una madre enferma con dos menores a la calle, sin promover todos los mecanismos necesarios para procurarles el derecho a una vivienda y sin ni siquiera permitir que los menores concluyan el curso escolar, como así avalan multitud de sentencias».
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