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Un reciente informe del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones revela que la discriminación laboral y educativa hacia la población extranjera en España genera un impacto económico negativo de 17.000 millones de euros anuales, equivalente al 1,3% del Producto Interior Bruto (PIB).
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El estudio, titulado «Análisis del impacto económico de la discriminación y la desigualdad entre la población autóctona y la extranjera residente en España», fue elaborado por los profesores Ramón Mahía y Eva Medina de la Universidad Autónoma de Madrid, con cofinanciación de la Unión Europea. Los datos analizados corresponden al año 2022 y se centran en las pérdidas salariales derivadas de la discriminación.
Desigualdades en el ámbito laboral
El informe destaca que las desigualdades en el acceso, permanencia y remuneración en el mercado laboral afectan significativamente a la población extranjera, especialmente a las mujeres. Estas desigualdades representan un coste de 12.300 millones de euros. La tasa de desempleo entre las personas extranjeras es del 18,2%, en contraste con el 11,6% de la población autóctona, lo que se traduce en una pérdida de 5.100 millones de euros.
Además, aunque la tasa de actividad de los extranjeros es más alta (71%) que la de los nativos (56%), las mujeres extranjeras tienen un 2,3% menos de probabilidad de empleo, lo que implica una pérdida aproximada de 1.200 millones de euros anuales. La sobrecualificación es otra forma de discriminación laboral señalada en el informe: un 15% de los trabajadores extranjeros con estudios superiores y un número considerable de aquellos con estudios secundarios están empleados en puestos por debajo de su formación, afectando en mayor medida a las mujeres.
Brechas en el Sistema Educativo
En el ámbito educativo, las desigualdades comienzan desde edades tempranas, limitando las oportunidades futuras de la población extranjera. La tasa de escolarización de estudiantes extranjeros es un 17% inferior a la de los autóctonos, con más de 222.000 jóvenes extranjeros sin acceso equitativo al sistema educativo. Estas brechas educativas se traducen en una pérdida de ingresos a largo plazo estimada en 4.800 millones de euros anuales.
La Inclusión como motor de progreso
La discriminación hacia la población extranjera no solo es una injusticia social, sino también un obstáculo económico para España. Implementar políticas inclusivas que promuevan la igualdad de oportunidades en los ámbitos laboral y educativo es esencial para aprovechar el talento y la diversidad, impulsando así el crecimiento económico y fortaleciendo la cohesión social. La reforma del reglamento de extranjería, que busca facilitar vías regulares para las personas migrantes y su integración en la sociedad, es un paso en la dirección correcta para mitigar estos costos y construir una sociedad más justa y próspera.
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