
El Solidario. Alquileres por las nubes en España.
Pagar 600 euros por una habitación ya no es una anécdota urbana, es la nueva condena de una juventud atrapada entre sueldos precarios y un mercado inmobiliario salvaje que ha mutado en casino.
Vivimos en una distopía con fachada de normalidad, donde compartir piso no es una elección, sino una rendición forzada al modelo especulativo de ciudad.
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El informe de Público revela lo que muchos ya sufren en carne viva: alquileres insoportables para vidas cada vez más inestables. Pisos sin ventanas, contratos abusivos, habitaciones por las que se pide más que por un coche usado. Todo amparado por una legislación tibia, por ayuntamientos cómplices y por fondos buitre que compran edificios como quien colecciona estampitas.
En esta jungla sin ley, la ley de la oferta y la demanda se aplica como si los derechos fueran mercancía. ¿Acaso no es una paradoja perversa que vivamos peor que nuestros padres pagando el doble por la mitad de espacio? El alquiler, en lugar de ser un puente hacia la autonomía, se ha vuelto una trampa de la que pocos logran salir sin hipotecar su salud mental.
Mientras tanto, el Gobierno tropieza entre buenas intenciones y reformas insuficientes. La Ley de Vivienda llegó tarde y mal: sin capacidad sancionadora real y sin tocar el verdadero núcleo del problema, que no es otro que el lucro desmedido sobre una necesidad básica. El derecho a techo ha sido convertido en negocio inmobiliario de sangre fría.
No se puede hablar de justicia social si no se aborda la emergencia habitacional con la misma urgencia que una pandemia. Porque lo que está en juego no es solo dónde dormimos, sino qué tipo de sociedad queremos construir: una de puertas abiertas o de candados dorados para unos pocos.
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