
Imagen: publico.es. El Solidario. Foto de archivo de una una persona que ejerce su derecho a voto.
Sumar impulsa la reforma, el PSOE muestra cautela
El Gobierno español enfrenta una nueva fractura interna ante la propuesta de rebajar la edad de voto a 16 años. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de Izquierda Unida y parte de la coalición Sumar, lidera la iniciativa dentro de la futura Ley de Juventud y Justicia Intergeneracional. Rego argumenta que si los jóvenes pueden trabajar y asumir responsabilidades desde los 16, también deberían poder ejercer su derecho al voto.
Sin embargo, el PSOE, aunque incluyó esta medida en su ideario durante el 41º Congreso Federal en noviembre de 2024, actualmente muestra reticencias. La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha indicado que el tema no ha sido discutido en órganos colegiados del Consejo de Ministros.
Esta cautela se debe, en parte, a estudios que sugieren un creciente apoyo de los jóvenes, especialmente varones, a opciones de extrema derecha.
La propuesta de Sumar ha sido respaldada por partidos como Más País, que argumentan que permitir el voto desde los 16 años equilibraría la representación demográfica y fomentaría la participación política juvenil. Anteriormente, la Comisión de Juventud e Infancia del Congreso ya aprobó una proposición instando al Gobierno a estudiar esta reforma.
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Internacionalmente, países como Austria, Alemania, Bélgica y Malta ya permiten el voto a partir de los 16 años, y estudios en Austria indican que los jóvenes de esta edad tienen una comprensión política comparable a la de adultos jóvenes.
La historia demuestra que las reformas democráticas suelen enfrentar resistencia. Se debe tener en cuenta que la propuesta de reducir la edad de voto a 16 años no es solo una cuestión de derechos, sino también de estrategia política.
La juventud, en su búsqueda de identidad y pertenencia, es susceptible a discursos populistas y extremistas. Negarles el voto podría alejarlos aún más del sistema democrático, mientras que incluirlos podría fortalecer su compromiso cívico, pero es esencial analizar quién se beneficia realmente de mantener el statu quo y quién teme el cambio.
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