El gobierno de Javier Milei en Argentina está desmantelando décadas de políticas de derechos humanos. Diputados de su partido, La Libertad Avanza, visitaron a represores presos por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura (1976-1983). Esta visita a la cárcel de Ezeiza causó un repudio generalizado.
Las visitas se inscriben en una serie de medidas y discursos del gobierno que niegan el terrorismo de Estado. Además, reivindican a las fuerzas militares y suprimen políticas de memoria, verdad y justicia. Milei y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, asistieron a un desfile para demostrar su apoyo al brazo armado.
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La respuesta del Gobierno
El Ejecutivo no rechazó la visita y la atribuyó a decisiones personales de los diputados. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, afirmó que no fueron decisiones orgánicas del gobierno. Sin embargo, la justicia federal ha pedido explicaciones sobre el procedimiento administrativo detrás de esas decisiones.
La visita levantó una ola de repudios de organismos de derechos humanos y dirigentes opositores. Horacio Pietragalla Corti, exsecretario de Derechos Humanos, subrayó la gravedad institucional del hecho. Verónica Torras, directora de Memoria Abierta, destacó la inadmisibilidad de los argumentos que justifican la visita.
Desmantelamiento de políticas públicas
El gobierno de Milei está desarticulando las políticas de derechos humanos. Se han despedido a 100 trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos y se amenazan más despidos. Los sitios de memoria, que visibilizan los crímenes de la dictadura, sufren recortes de fondos y suspensiones de obras.
En los ministerios de Defensa y Seguridad se han cerrado oficinas de derechos humanos. Estas oficinas nutrían de información a las causas judiciales sobre los crímenes de la dictadura. Además, se han intervenido organismos como la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi).
Impacto en la búsqueda de identidades
El ataque más fuerte es contra la búsqueda de los nietos desaparecidos. Pietragalla Corti, nieto recuperado, denunció la intervención de la Conadi y la restricción de sus facultades. Organismos de derechos humanos calculan que aún hay 300 hijos de desaparecidos que desconocen su identidad.
Las acciones del gobierno de Milei representan un grave retroceso en los derechos humanos en Argentina. La sociedad y los organismos de derechos humanos exigen transparencia y justicia. Es crucial mantener y fortalecer las políticas de memoria, verdad y justicia para evitar la repetición de estos crímenes.
Fuente: El País