
Detención de Luis Pacheco, Viceministro de Desarrollo Sostenible y de Ambiente de Guatemala y exlíder indígena de los 48 cantones. 22 de Abril de 2025 // Fotografía de Johan Ordoñez // AFP // El Solidario
Luis Pacheco fue arrestado el miércoles 23 de abril sin pruebas, acusado de terrorismo y sedición. Diversas voces denuncian una ofensiva institucional contra quienes defendieron la democracia frente a los intentos de revertir y usurpar de manera ilegal las elecciones de 2023.
La reciente detención del Viceministro de Desarrollo Sostenible y líder indígena Luis Pacheco ha desatado una oleada de indignación tanto en Guatemala como a nivel internacional.
Acusado por la Fiscalía de terrorismo, asociación ilícita y obstrucción a la justicia, Pacheco fue arrestado sin que hasta la fecha se hayan presentado pruebas concretas. Su caso forma parte de una larguísima serie de acciones que, según analistas y sectores sociales, configuran una estrategia sistemática de criminalización de la resistencia democrática.
Luis Pacheco, nuevo objetivo en la persecución del Movimiento Semilla
Pacheco tuvo un papel clave en las masivas movilizaciones de 2023, en las que miles de guatemaltecos salieron a las calles para defender la victoria electoral del ahora presidente Bernardo Arévalo frente a los intentos de la fiscal general Consuelo Porras por desconocer los resultados la victoria del Partido Progresista Movimiento
Semilla.
Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, ha sido acusada de socavar el sistema democrático desde su llegada al Ministerio Público. “La fiscal ha logrado echar atrás años de lucha contra la corrupción”, denunció el analista Luis Miguel Reyes.
El gobierno guatemalteco sostiene que el Ministerio Público está controlado por redes criminales que buscan revertir el orden democrático e intimidar a sus defensores. El presidente Arévalo ha calificado la detención como “un acto de criminalización de la resistencia democrática y pacífica”.

Esta nueva agresión contra líderes indígenas y sociales obliga a la comunidad internacional a intervenir. Mirar hacia otro lado e incluso beneficiarse de la impunidad de estas violaciones de los derechos humanos y sociales constantes y sistemáticas, demuestran su complicidad desde hace décadas. «Hay que empezar de una vez por todas» a depurar responsabilidades, así lo reclaman las voces locales e internacionales, con todo el derecho pero sin ninguna respuesta o acción clara.
La «justicia» guatemalteca debe responder ante la sociedad con transparencia, y no como un instrumento de represión. Debe preservar los derechos y la equidad de toda la ciudadanía, y no «castigar» a quienes denuncian la corrupción y la injusticia, en miles de ocasiones hasta con su propia vida.
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