
BBC/ElSolidario: La detención de Anaya se produce apenas semanas después del arresto de otra figura crítica del gobierno, la abogada Ruth López, jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal
El abogado constitucionalista salvadoreño Enrique Anaya fue arrestado este sábado en su residencia en Santa Tecla por el presunto delito de lavado de dinero y activos, según informó la Fiscalía General de la República de El Salvador.
Anaya es un reconocido crítico del presidente Nayib Bukele, a quien ha acusado repetidamente de violar la Constitución y de instaurar un régimen autoritario. En noviembre de 2023, declaró a la BBC que la candidatura de Bukele a la reelección era “contraria a la Constitución”, asegurando que al menos seis artículos de la Carta Magna prohíben la reelección presidencial inmediata.
La detención de Anaya se produce apenas semanas después del arresto de otra figura crítica del gobierno, la abogada Ruth López, jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal. López fue acusada de peculado, justamente tras denunciar abusos y detenciones arbitrarias bajo el régimen de excepción.
Una larga lista de opositores arrestados
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó el viernes su “grave preocupación” ante una serie de arrestos recientes contra defensores de derechos humanos, entre ellos el líder comunitario José Ángel Pérez, su abogado Alejandro Henríquez, y activistas como Fidel Zavala, Ivania Cruz y Rudy Joya.
Organizaciones de la sociedad civil consideran que estas detenciones forman parte de una campaña de represalias por denunciar abusos en el marco del régimen de excepción, que ha sido fuertemente cuestionado por su impacto en los derechos fundamentales y por la falta de garantías procesales.
A pesar de las críticas internacionales, Bukele defendió su estilo de gobierno el pasado domingo durante su discurso de rendición de cuentas, afirmando: “Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles”.
Desde el inicio del régimen de excepción, más de 78,000 personas han sido detenidas, muchas de ellas sin orden judicial, en el marco de una política de seguridad que ha reducido los índices de homicidios, pero que ha suscitado graves denuncias por violaciones a los derechos humanos.
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