Denuncian contratos armamentísticos firmados entre España e Israel en plena crisis humanitaria en Gaza
Fausto 
Ilustración: El Solidario. La firma de contratos con empresas armamentísticas israelíes en plena masacre en Gaza es un escándalo que pone en tela de juicio el compromiso del Gobierno español con los derechos humanos y la justicia social.
El Ministerio de Defensa español, dirigido por Margarita Robles, ha firmado contratos con empresas armamentísticas israelíes en medio de la masacre en Gaza, desatando una ola de indignación y críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y sectores progresistas.
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Contratos en medio del conflicto
El 16 de agosto, en pleno receso veraniego, el Ministerio de Defensa adjudicó un contrato a Netline Communications Technologies (NCT), una empresa israelí especializada en equipos de sincronización de inhibidores de frecuencia, por un valor de 471.900 euros.
Solo cuatro días antes, se autorizó una compra a Elbit Systems, otra contratista del área militar israelí.
Estas adjudicaciones se realizaron mientras la Franja de Gaza sufría una escalada de violencia que ya había dejado más de 40.000 muertos, la mayoría mujeres y niños.
Críticas y exigencias de transparencia
El grupo parlamentario Sumar, liderado por Yolanda Díaz, ha exigido explicaciones al Gobierno sobre estos contratos, calificándolos de inaceptables en el contexto de la tragedia humanitaria en Gaza.
Sumar ha presentado una serie de preguntas en el Congreso, demandando transparencia y la anulación de estos acuerdos.
La formación política ha subrayado que cualquier comercio de armas con Israel en medio de este conflicto es una violación de los principios de justicia social y derechos humanos.
La comunidad internacional ha condenado enérgicamente estos contratos, señalando la contradicción entre las acciones del Gobierno español y su compromiso declarado con la paz y los derechos humanos.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó la situación en Gaza como una “marca lúgubre” y destacó la necesidad de una respuesta humanitaria urgente1.
Organizaciones de derechos humanos y activistas han instado al Gobierno español a revisar sus políticas de comercio de armas y a priorizar la justicia social y la paz en sus relaciones internacionales.
¿Qué opinas sobre estos contratos? ¿Crees que el Gobierno debería anularlos?
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