Criminalizar la solidaridad: 18 activistas sevillanos enfrentan 77 años de cárcel por defender el derecho a la vivienda
Fausto 
El Solidario: Los '18 de la Macarena a juicio por defender el derecho a la vivienda.
El próximo lunes, 17 de febrero, se inicia en Sevilla el juicio contra los conocidos como «18 de la Macarena», un grupo de activistas que, en 2018, ocuparon un edificio en el barrio de la Macarena con el objetivo de proporcionar vivienda digna a personas en situación de calle.
Ahora, se enfrentan a penas que suman un total de 77 años de prisión, con condenas individuales que oscilan entre 3 años y seis meses hasta 5 años y medio.
En febrero de 2018, estos activistas llevaron a cabo la ocupación del edificio situado en la calle Macarena 42, dando vida al proyecto Corrala Dignidad. Este espacio buscaba ofrecer una solución habitacional a las más de 1.100 personas sin hogar que, según datos de aquel entonces, residían en Sevilla.
Sin embargo, el desalojo se produjo de manera violenta y sin orden judicial, amparándose en la controvertida Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como Ley Mordaza.
La crisis de vivienda en Sevilla es una realidad palpable. Según informes recientes, el 45% de los hogares en régimen de alquiler está en riesgo de pobreza, liderando las estadísticas de precariedad habitacional en Europa.
Esta situación se ve agravada por la especulación inmobiliaria y la proliferación de apartamentos turísticos, que elevan los precios y dificultan el acceso a una vivienda digna para los sectores más vulnerables.
Defensa del derecho a la vivienda digna
La respuesta de las autoridades ante iniciativas ciudadanas que buscan paliar esta problemática ha sido, en este caso, la criminalización de la solidaridad. Los «18 de la Macarena» no solo enfrentan largas penas de prisión, sino que también se les exigen multas que superan los 100.000 euros.
Este caso nos invita a reflexionar sobre las prioridades de nuestra sociedad. Mientras miles de personas carecen de un techo, se persigue y condena a quienes intentan ofrecer soluciones desde la base comunitaria.
El derecho a una vivienda digna es fundamental y debería ser garantizado por el Estado. Sin embargo, cuando las instituciones fallan, la ciudadanía organizada no solo tiene el derecho, sino también el deber moral de actuar.
La situación de los «18 de la Macarena» nos muestra una disonancia entre las necesidades sociales y la respuesta institucional. Es necesario un cambio de enfoque que priorice el bienestar de las personas por encima de intereses económicos y que reconozca la labor de quienes luchan por una sociedad más justa y equitativa.
Síguenos en nuestras redes sociales @elsolidariorg / X: @X_ElSolidario y en nuestro canal de Whatsapp El Solidario; Instragam: @elsolidariorg TikTok: @elsolidarionews; Facebook: @ElSolidario
About The Author
