
MBAYE, 7 AÑOS. Manifestación 15 de marzo de 2025 en la Plaza de Agustín Lara de Lavapiés, Madrid. PANCARTA COLECTIVA 'FRENTE AL RACISMO INSTITUCIONAL, RESISTENCIAS ANTIRRACISTAS' // El SALTO // El Solidario
La concejala de Vox, Patricia Martínez, se enfrenta a un juicio por publicar mensajes en redes sociales en los que llamaba «invasores» a los migrantes, en un caso que ejemplifica la judicialización del discurso de odio en la política.
El Juzgado de Instrucción nº 18 de Valencia ha citado a la edil a declarar el próximo 15 de octubre por un presunto delito de incitación al odio, tras una denuncia de SOS Racismo. Los tuits en cuestión, publicados en 2022, se referían a los migrantes como una «invasión» y culpabilizaban a las ONG de «favorecer la inmigración ilegal«.
Vox ha defendido a su concejala, argumentando que se trata de un ataque a la libertad de expresión y que sus declaraciones están en el marco del debate político. Sin embargo, organizaciones como Amnistía Internacional recuerdan que el discurso xenófobo no está protegido por la libertad de expresión cuando fomenta el odio racial.
Este caso se enmarca en un aumento de las denuncias por racismo en la Comunitat Valenciana, donde los delitos de odio crecieron un 40% en 2023, según datos del Gobierno central. La fiscalía especial contra los Delitos de Odio ha priorizado la persecución de este tipo de declaraciones, especialmente cuando provienen de cargos públicos.
Reflexión: La política no puede ser un escudo para el odio. Cuando un cargo público estigmatiza a colectivos vulnerables, normaliza la xenofobia. La justicia debe marcar límites, pero también es responsabilidad de la sociedad rechazar este discurso tóxico. ¿Dónde queda la dignidad en la democracia?
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