
Telecinco/El Solidario. La precariedad en la minería española ha sido una constante histórica, y este accidente en Cerredo no es una excepción.
El último accidente en la mina de Cerredo, donde cinco trabajadores perdieron la vida, ha vuelto a teñir de luto a las cuencas mineras de Asturias y León. La explotación, anunciada como un pozo de “última generación”, ha demostrado que la modernización en la minería no siempre va de la mano con la seguridad laboral.
Mientras los empresarios prometían progreso y empleo, lo único que han garantizado es más precariedad y más víctimas.
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El cierre progresivo del carbón y la transición hacia nuevas explotaciones como la del grafito han dejado un reguero de trabajadores sometidos a condiciones cada vez más inestables.
La fiebre por este mineral, fundamental en la fabricación de baterías y dispositivos tecnológicos, ha generado una nueva burbuja extractivista en la que, una vez más, los beneficios empresariales se han puesto por encima de la vida de los trabajadores. Este modelo no es nuevo: los nombres cambian, pero la lógica del expolio sigue intacta.
La precariedad en la minería española ha sido una constante histórica, y este accidente en Cerredo no es una excepción. Las denuncias sobre falta de inspecciones, recortes en medidas de seguridad y condiciones laborales de riesgo se acumulan. Sin embargo, las administraciones siguen mirando hacia otro lado, protegiendo los intereses de las compañías mientras los trabajadores son los que pagan con su vida.
El Gobierno debe asumir su responsabilidad y garantizar que la seguridad laboral no sea una variable sacrificable en el altar del beneficio privado. Las empresas mineras, en lugar de llenarse la boca con discursos sobre innovación y sostenibilidad, deben garantizar condiciones de trabajo dignas y seguras. Porque si la minería del siglo XXI sigue costando vidas, es que seguimos en el siglo XIX.
La tragedia de Cerredo era un accidente evitable, pero este fatal accidentes es el resultado de un modelo de explotación que solo entiende de beneficios y que sigue considerando a los trabajadores como recursos desechables. La rabia y el luto que hoy recorren Asturias y León deben traducirse en exigencias claras: más inspecciones, más seguridad y cero impunidad.
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