Fátima Makhoukh 
Archivo/ElSOLIDARIO
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha expresado su preocupación por la omisión de la asistencia jurídica gratuita para mujeres y niñas con discapacidad en la nueva Ley Orgánica del Derecho de Defensa.
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Aunque el CERMI reconoce avances en la accesibilidad y derechos de defensa, lamenta que no se haya garantizado este derecho fundamental para todas las mujeres con discapacidad, independientemente de sus recursos económicos. Esta omisión contrasta con la creciente necesidad de asegurar el acceso equitativo a la justicia.
El informe del CERMI destaca que, si bien la nueva ley mejora la accesibilidad universal en los procedimientos judiciales, como el derecho a la información y la asistencia jurídica, no incluye una disposición específica que garantice el acceso a la asistencia legal gratuita para mujeres con discapacidad.
Garantía de acceso universal
Esta exclusión es una de las principales demandas de las organizaciones de mujeres con discapacidad en España, quienes luchan por la igualdad en el acceso a servicios legales. Además, el CERMI subraya que el derecho de defensa debe ir acompañado de medidas que aseguren la accesibilidad cognitiva y ajustes razonables, especialmente para las personas con discapacidad intelectual.
CERMI destaca la necesidad de que la nueva Ley de Derecho de Defensa garantice la accesibilidad universal, incluyendo el derecho a recibir información clara y adaptada para personas con dificultades de comprensión.
Subraya que las resoluciones y actos judiciales deben ser accesibles, y que los tribunales reconozcan la discapacidad como criterio de especial protección jurídica. Además, insta a revisar normativas sobre capacidad jurídica y a garantizar recursos accesibles para abogados con discapacidad.
La falta de un tratamiento específico en este sentido deja a un sector vulnerable de la población sin el apoyo necesario para enfrentar procesos judiciales, lo que plantea serias preocupaciones sobre la igualdad ante la ley.
El acceso a una asistencia jurídica adecuada es vital para garantizar la plena participación de las mujeres con discapacidad en la sociedad, y su ausencia en esta nueva ley pone de manifiesto una falta de atención a sus necesidades. Es urgente que la legislación evolucione para asegurar que nadie quede excluido del derecho a una defensa legal justa y accesible.
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